El pasado 22 de noviembre del 2021, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el denominado “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.”
Tan pronto vio la luz, el Acuerdo se volvió famoso (o como se dice ahora, viral). Y no es una mera coincidencia. El instrumento (no sé si denominarlo “jurídico” o no, por los vicios que implica) alertó las alarmas de todos los gremios.
En el caso de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), nuestro Presidente, Juan Carlos Sierra Boche, enfatizó desde un punto de vista técnico que “el acelerar u omitir la autorización de dictámenes, permisos y licencias eleva el riesgo de fracaso de los proyectos”.
Por su parte , la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, consideró de “Ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional, el acuerdo que declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno de México asociados a infraestructura“ y a través de Twitter señaló: “Expresamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico a través del acuerdo con el que se declaran como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Seamos claros: es ilegal e inconstitucional”.
Y así podríamos citar a múltiples organismos, analistas, periodistas y autoridades como el INAI, que se han declarado abiertamente en contra del documento.
Cabe recordar que el sano desarrollo de la infraestructura de un país se basa no solamente en elementos técnicos, sino en un sistema jurídico sólido y congruente que permita la legalidad y la seguridad jurídica para fortalecerlo.
En este caso, tenemos dos elementos claros y contundentes que ponen en riesgo la seguridad jurídica: El primero es declararde interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura. Esta medida, que parecería ser en principio favorable, ha sido cuestionada por la falta de transparencia que pudiese generar. Al ser de seguridad nacional, los proyectos estarán protegidos de información pública, provocando opacidad en los mismos, que es precisamente uno de los puntos que el Presidente, siendo candidato, atacó severamente.
La segunda es el tratamiento artificial de los tiempos en los permisos que se deben de obtener. Si bien en principio parece una gran medida, claramente ha generado gran preocupación por la falta de sustento técnico que soporte dichos permisos.
El Estado de Derecho y la infraestructura deben de combinarse para ser eficientes, eficaces y tendientes a la seguridad jurídica. El no hacerlo genera graves riesgos tanto en lo técnico como en lo legal.
POR ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
VICEPRESIDENTE DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA CNEC
@CNEC_MEXICO
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