La jornada electoral del pasado 6 de junio representó un importante avance para las mujeres en general: 900 ocuparán diputaciones federales y locales de mayoría relativa y presidencias municipales, siete serán gobernadoras y 18 Congresos locales estarán integrados de manera paritaria.
Este proceso electoral evidenció la violencia política que las mujeres enfrentan para alcanzar cargos de elección popular, tanto en las campañas electorales como en los procesos de selección interna de los partidos políticos, la cual desafortunadamente no se agota en ese punto.
La consolidación plena de los derechos políticos de las mujeres requiere que los Estados establezcan procedimientos y mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia política cuando ésta condiciona o impide que las mujeres desempeñen puestos de designación directa como cargos en la administración pública o en los poderes judiciales.
La violencia contra las mujeres se acepta como algo inmutable para lo que deben estar preparadas o prepararse toda la vida; así, desde pequeñas las mujeres aprenden a no levantar la voz para no incomodar, a soportar tratos injustos porque “así son las cosas”, a no ocupar ciertos espacios porque “no son seguros” para ellas y, si insisten y son violentadas en éstos, siempre será culpa suya por “desobedecer”.
Cuando principian sus carreras en el sector público, las mujeres tienen que sufrir estigmas y cuestionamientos constantes a sus méritos profesionales. Siempre pende sobre ellas la sospecha de “los auténticos motivos” de sus ascensos y el invariable reproche a su comportamiento cuando no se “ajusta” a los estereotipos de género que se supone deben cumplir.
El inadmisible precio para las mujeres va más allá del recelo y la recriminación; tienen que aprender que -por encima de su perfil, experiencia y desempeño-, deben guardar silencio y no denunciar a quienes las agreden, porque si señalan a alguien pueden ser consideradas “intransigentes”, “irracionales” e “incomprensivas” y los “hombres en el poder” les retirarán “su apoyo”.
Cuando los entes públicos no previenen, investigan, ni sancionan las conductas que exigen comportamientos sexistas a las mujeres para “encajar” o no “desentonar” en el ámbito público y, al contrario, promueven o refuerzan esas prácticas por acción u omisión, se presenta la violencia institucional -en razón de género- así como el incumplimiento de la obligación de garantizar a las mujeres una vida que sea libre de violencia, lo cual se establece el capítulo IV de la Ley General de la materia.
Excluir a las mujeres que desempeñan funciones públicas de reuniones para discutir asuntos de su competencia; condicionar su promoción o acceso a puestos de decisión a cambio de que no expresen sus inconformidades o no denuncien la violencia de género o acoso sexual que hayan sufrido u obstaculizar su ascenso profesional mediante la confrontación con otras mujeres, para favorecer a las que sí estén dispuestas a asumir roles de género, son expresiones de violencia institucional que refuerzan la subordinación femenina y la discriminación en la sociedad.
Infortunadamente, los insultos, calificativos y “bromas” dirigidas a las mujeres no son inocentes ni azarosas, sino que reflejan estereotipos sexistas relacionados con procesos biológicos como la maternidad, la menopausia o la menstruación y cómo éstos supuestamente “afectan”, “reducen” o “alteran” su desempeño profesional, con lo que se refuerza la ideología machista y abona el campo de la misoginia
Una política de “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres exige que todas las formas en que ésta se manifiesta sean suprimidas en cualquier institución, no sólo las agresiones físicas o el acoso y hostigamiento sexuales.
La violencia política contra las mujeres, no como la que se genera en el marco de una jornada electoral o por el ejercicio de un cargo de elección popular, sino como un atentado a los derechos de las mujeres a participar en la administración pública y su gobierno, es una de las expresiones de violencia contra las mujeres más habitual y menos tomada en cuenta en los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, por lo que las instituciones deben adoptar medidas para impulsar su urgente erradicación y promover ambientes laborales libres de discriminación y más igualitarios.
POR ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
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