El acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional proyectos y obras de infraestructura del gobierno, publicado esta semana, es motivo de preocupación por muchas razones. Destaco algunas.
1. Es violatorio de derechos humanos. No transgrede cualquier disposición de la Carta Magna, sino el derecho humano a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional que establece que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública, salvo casos excepcionales regulados por las leyes. Esto aplica a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial en el ámbito federal, estatal y municipal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos e incluso personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
2. Viola obviamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. No sólo porque convierte en excepción la regla de máxima publicidad, sino porque el articulo 105 expresamente prohíbe “emitir acuerdos de carácter general o particular que clasifiquen documentos o información como reservada”. Y, más aún, establece que “en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información”, lo cual es claramente el objetivo del acuerdo.
Adicionalmente, la opacidad nulifica la rendición de cuentas y cobija la corrupción.
3. El acuerdo aparece firmado por todo el gabinete legal, comprometiendo a los secretarios a suscribir un documento a todas luces ilegal. Cualquier funcionario que reserve un documento o clasifique información con base en este acuerdo estará en una situación jurídica muy vulnerable y será legalmente imputable.
4. El objetivo no es agilizar trámites. Si así fuera, la inmediata expedición de autorizaciones debería ser aplicable para todas las obras de infraestructura, públicas y privadas, lo cual sí detonaría la creación de empleos y el desarrollo económico. Por el contrario, el acuerdo da por otorgados todos los permisos, licencias, dictámenes y demás requisitos, concediendo una patente de corso de un año para las obras. Si al final resulta que no procedían dichas autorizaciones ya serán irreparables las expropiaciones, los daños ecológicos, la afectación a comunidades indígenas.
5. La reiterada violación de la legalidad. Como sucedió con la prórroga del mandato del ministro Zaldivar en la Suprema Corte de Justicia, para el presidente Lopez Obrador los fines, mejor dicho sus fines, justifican los medios, aunque estos últimos sean flagrantemente violatorios de las leyes y la Constitución. Esto es lo más grave porque golpea la certeza jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas que son principios básicos en un estado de derecho y en una democracia. En este caso no se trata de un simple acuerdo interno, ni de meras disposiciones administrativas. Son más líneas rojas que se cruzan con efectos de largo alcance y de mucha mayor envergadura.
POR VERÓNICA ORTIZ
VORTIZORTEGA@HOTMAIL.COM
@VERONICAORTIZO
PAL