Hace casi 20 años trabajé en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy INAI. Se sentía que habíamos dado un paso más en la conformación de la democracia en México.
El objetivo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada por Vicente Fox en 2002, y reformada por Enrique Peña Nieto en 2015, establece los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de CUALQUIER autoridad, entidad, órgano y organismo de CUALQUIERA de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También contempla a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos.
El derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No solamente se trata de que el estado transparente los recursos, también tiene que rendir cuentas sobre cómo los utiliza. Es derecho de las y los ciudadanos el acceso a la información gubernamental, mecanismo mediante el cual se puede comprobar que no hay corrupción en el uso del dinero público.
Como información reservada se considera aquélla que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Sin embargo, el Presidente López Obrador emitió un decreto que obliga a que las obras públicas sean declaradas de interés público y seguridad nacional. De tal manera que, utilizando la facultad del Ejecutivo, hunde en la opacidad la comprobación de los gastos de proyectos gubernamentales.
Según él, ya no tiene que transparentar ni los montos de los contratos ni a quiénes fueron adjudicados.
Años y años de lucha por llevar a la ley la obligación de transparencia y reconocer el derecho de acceso a la información pública culminan con el capricho -perdón- construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Tren Maya; la Refinería de Dos Bocas, y el Tren Transístmico.
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de México entiende la seguridad nacional como “la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. (https://www.gob.mx/cni/documentos/conoce-que-es-la-seguridad-nacional).
Preguntas: ¿de qué manera las obras del gobierno comprometen la seguridad nacional? ¿Usted considera que conocer el monto de las obras de infraestructura amenaza a nuestra nación, nuestra integridad como mexicanos, y nuestra soberanía? ¿Usted se considera amenazado por un Estado extranjero?
Estimado lector, lamento explicarle que este es un paso antidemocrático más; prueba del abuso de poder del gobierno actual.
Es cuánto.
POR JORGINA GAXIOLA
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@JORGINA_GAXIOLA
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