Siempre hemos tenido como un valor dado aquella frase que dice: las cosas más bellas de la vida son gratuitas. Una puesta de sol, la brisa del mar, mirar el atardecer desde una montaña, un sorbo de agua de un riachuelo, respirar la pureza del aire. Empero, hoy vemos que el agua cotiza en Wall Street y una bocanada de aire fresco de la Amazonia ya tiene un impacto en el bolsillo. En ese tenor y, ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, uno supondría que esas cosas inherentes al ser humanos no serían presa de los grandes capitales y que los Estados salvaguarden este bien común como derecho.
Sin embargo, a casi un año de la pandemia que paralizó al mundo entero, las obligaciones del Estado de proveedor y garante de los bienes públicos en materia de salud, educación, seguridad y bienestar público en general se ha visto rebasado por el sistema capitalista que con tanta falta de solidaridad a lucrado con la salud de todos los mexicanos. Lo vimos manifestarse al inicio de la pandemia con la producción y distribución de alcohol, guantes de latex, mascarillas, y cualquier tipo de indumentaria médica que les representara riqueza individual, generando en esta forma tensión, desigualdad y desesperación social.
Al transcurrir de esta pandemia hemos presenciado la falta de regulación de los mercados para evitar los monopolios que tanto daño le han hecho a las y los ciudadanos en general, pero también hemos presenciado el vacío que ha dejado el estado para perseguir y castigar a quienes lucran en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Dice el artículo 28 constitucional “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precio”. En este sentido, resulta indispensable detenerse en el marco constitucional para garantizar el libre mercado, pero siempre ponderando la salud social por encima de cualquier sistema neoliberal que va en detrimento del bienestar colectivo.
En este sentido, a partir de los últimos días del 2020 pudimos observar que el oxígeno médico se volvió un bien escaso ante el pico de contagios y desbordamiento en la capacidad hospitalario en varias entidades federativas del país y, (algunas personas dentro de) la iniciativa privada han lucrado con el dolor ajeno de manera insultante subiendo los precios de los tanque de oxígeno hasta en un 300 % y el Estado -ni sus luces-. Semanas después de estos acontecimientos, los gobiernos federal y estatales intervinieron ante las demandas ciudadanas y han puesto a disposición de la sociedad puntos de recarga gratuita de oxígeno y, sobre todo, la regulación a estos particulares que buscaron beneficio a costa de lo que sea.
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En este contexto, nos toca como ciudadanos responsabilizarnos por nuestra falta de empatía y credibilidad ante este virus que ha cobrado ya tantas vidas, mostrar civilidad para tratar de disminuir las consecuencias económicas, políticas y sociales que todos -en menor o mayor medida- estamos padeciendo, teniendo como consecuencia la persistencia de los problemas sociales que se pronunciaron durante la pandemia, tales como la pobreza, la inseguridad, la ineficiencia administrativa y sobre todo la falta de resultados de las instituciones públicas que no logran satisfacer las demandas sociales. Por otro lado, le corresponderá al Estado y sus instituciones promover las condiciones necesarias para lograr la estabilidad económica y social que tanto anhelamos las y los mexicanos.
POR ADRIANA SARUR
ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM
@ASARUR
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