De censura electoral a presidencial

Con esta decisión del INE se configura un dilema en el que por un lado desde el gobierno se busca perpetuar la estancia de su partido y proyecto

De censura electoral a presidencial
Azul Etcheverry / Claraboya / Opinión El Heraldo de México

Hace unos días el Instituto Nacional Electora (INE) determinó que servidores públicos, incluido el presidente y gobernadores, deberán abstenerse de hablar sobre las próximas elecciones en actos públicos con la finalidad de resguardar los principios de equidad en los procesos electorales que se vislumbran en este 2021. En ese sentido, voces a favor del proyecto de la cuarta transformación catalogan como censura a esta decisión, que por cierto está prevista en la legislación a partir de la reforma electoral de 2007, misma que propiciaron desde otros partidos políticos los actuales dirigentes nacionales.

Lo anterior representaría un claro conflicto de interés más si consideramos que nunca un gobierno federal había tenido tanta exposición en medios para comunicar, desde su perspectiva, los logros y acontecimientos más destacables dentro de su actuar. Con esta decisión del INE se configura un dilema en el que por un lado desde el gobierno se busca perpetuar la estancia de su partido y proyecto, mientras que por el otro una serie de contendientes de una insipiente oposición buscan un “piso parejo” en el acceso al electorado.

Ya anteriormente el INE había advertido que existían elementos para presumir una violación a la legalidad de las expresiones, particularmente del presidente, hacia otros partidos políticos. Con el inminente proceso electoral el exhorto se formaliza para que se evite hacer referencia directa o indirecta en contra de candidatos y partidos, en virtud de la prohibición constitucional de utilizar cargos públicos para denostar o modificar la equidad entre las diversas fuerzas políticas que aspiran a esos mismos puestos.

El debate sobre lo que puede o no opinar el presidente dependerá de la interpretación que se de a la ley en cuanto a procedimientos electorales, bajo el entendido de lo que ésta puede representar en lo general sobre los factores que inciden en la preferencia de la población. El problema radica en que esta interpretación a la ley se tiene que entender desde una perspectiva en la que el presidente tiene un espacio ya no de información pública o transparencia, desde las conferencias matutinas, sino un auténtico foro proselitista en el que las calumnias, suposiciones e información sin validar inciden directamente en las preferencias electorales.

Estas “mañaneras” incluso se han convertido en un espacio en el que se sustituyen planteamientos realizados mediante órdenes ejecutivas, decretas y legislación. Hoy los temas que se tocan ahí se vuelven prioridad por designio del presidente, más allá de la estructura de la agenda política existente, pareciera que se va improvisando. El problema es que no existen filtros suficientes ni especializados para desmentir o sustentar los comentarios y verdaderas ocurrencias que en algunas ocasiones surgen desde el púlpito presidencial. Penosamente se convirtió en un espacio dedicado casi exclusivamente al detrimento de la oposición, de la iniciativa privada y recientemente, de los organismos públicos autónomos encargados de supervisar el actuar de la administración federal.

Lo verdaderamente preocupante es que, la mayoría de los esfuerzos que se pretenden desde las instituciones gubernamentales no centralizadas por pugnar por un ecosistema electoral igualitario, no son ciertamente aprovechadas por buena parte de la población. Incluso se les cataloga como parte del problema y no de la solución. Por ello, es que debemos como sociedad civil desarrollar una educación política que propicie verdaderos espacios públicos de participación responsable que nos lleven a mejores procesos electorales y consecuentemente, a mejores gobernantes, indistintamente de lo que se nos presente durante las elecciones.

POR AZUL ETCHEVERRY
AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM 
@AZULETCHEVERRY


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