El derecho a expresarse sin limitación alguna, ha sido una de las libertades más apreciadas por el ser humano a partir de la modernidad. Surgida como una demanda ciudadana, la libertad de expresión va en un solo carril: de la sociedad hacia los detentadores del poder. Y no es que los dirigentes políticos carezcan del privilegio de la libre expresión, sino que éstos poseen armas que su posición les brinda, por lo que sus expresiones deben limitarse por el daño que pueden ocasionar al ser emitidas desde el poder mismo.
Un Presidente que se lanza contra un periodista, un diario o una red social, abusa del peso de su palabra y de las consecuencias que éstas tienen en la vida cotidiana de una sociedad. Cuando Trump legitima la insurrección en el Capitolio a través del llamado a desconocer la legalidad electoral, el mandatario norteamericano rebasa los límites de su derecho a expresarse, para convertirse en el delincuente que utiliza su poder para violar la legalidad e incitar a la rebelión armada.
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Por eso es que la queja de López Obrador al referirse a la cancelación de las cuentas de Trump en las redes sociales como un atentado a la libertad de expresión, no se sostiene. Ningún medio de comunicación serio y respetable puede permitirle a un político racista, xenófobo y glorificador de la violencia, utilizar su espacio en beneficio propio.
Las redes sociales, que han logrado intercomunicar a millones de personas, sirven también como instrumento de movilización política. Limitar su uso, imponer restricciones y cerrar discrecionalmente cuentas, puede dañar sin duda la libertad de expresión. Pero permitir la difusión de mensajes de odio y llamados a la insurrección dentro de un régimen democrático, es utilizar esa garantía individual para favorecer el surgimiento de un gobierno autoritario, o al menos la acción de una turba enardecida capaz de destruir bienes materiales y vidas humanas.
Para que la democracia funcione plenamente, y la libre expresión de las ideas fluya, se requiere que todos sus interlocutores se reconozcan como legítimos. Cuando alguno de los actores políticos utiliza el lenguaje verbal o escrito para justificar la eliminación del adversario, dejamos de hablar de democracia para dirigirnos a la dictadura.
Por eso es absolutamente válido reducir al mínimo la voz de los violentos y propagadores de odio y falsedades. Incluso, de aquellos quienes desde el poder se sienten dueños de la verdad absoluta y difunden ataques indiscriminados contra los que opinan diferente. Libertad para confrontar ideas e, incluso, debatir con pasión y coraje, pero no para desaparecer al contrario.
POR EZRA SHABOT
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