El pasado mes de octubre, el gobierno federal anunció el “Acuerdo para la Reactivación Económica” dentro del cual se establece una inversión en infraestructura por 297 mil 344 millones de pesos en 39 proyectos.
El acuerdo señala que las obras se van a realizar mediante una coinversión con el sector privado de 50 por ciento, para alcanzar una inversión objetivo de 25 por ciento del Producto Interno Bruto.
De los 39 proyectos en cuestión, 32 corresponden al sector de comunicaciones y transportes (27 autopistas, dos puertos y tres construcciones ferroviarias); dos al sector de medio ambiente y recursos naturales (un proyecto de residuos sólidos urbanos, uno de agua potable) y cinco al sector de energía.
Los esquemas para los sectores de comunicaciones y transportes y de energía son los que, tradicionalmente, se llevan a cabo mediante esquemas público-privados; se les conoce como “infraestructura económica”, ya que son proyectos capaces de generar algún tipo de ingreso. Por ejemplo, en el caso de las autopistas, se cobra una cuota/peaje al usuario por transitar; ésta resulta en un ingreso generado por el proyecto que permite pagar los costos de operación y mantenimiento.
Las obras de infraestructura económica con participación público-privada surgen en nuestro país en los 90, como una respuesta a la falta de recursos por parte del gobierno para llevar a cabo alguna obra pública, así como a la necesidad de otorgar mejores servicios de infraestructura a la población.
Hoy en día ya se tiene un largo camino recorrido en este tipo de trabajos y sabemos que, bien estructurados y ejecutados, son muy exitosos; considero que, si bien dichos proyectos deben seguir implementándose, también, como complemento en la inversión público-privada, es tiempo de potenciar las alianzas entre el gobierno y la Iniciativa Privada orientadas a detonar la “infraestructura social”.
Y, ¿qué entendemos por infraestructura social? Básicamente, es aquella que se realiza en el sector educativo, cultural, de salud y deporte; aún y cuando en el país tenemos ejemplos de hospitales, centros culturales e institutos de educación superior que se han llevado a cabo mediante coparticipación público-privada, su presencia, a nivel nacional, es mucho menor que aquella infraestructura orientada a los sectores de energía y carretero.
En países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, se están llevando a cabo proyectos público-privados de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento en escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y primera infancia.
Un caso muy exitoso es el de Uruguay; después de que analizaron los riesgos y realizaron el análisis costo-beneficio, estructuraron una APP con un valor estimado de inversión de 68 millones de dólares (1,360 mdp aproximadamente), para la construcción de 44 jardines infantiles (de tres a cinco años) y 15 Centros de Atención a la Primera Infancia (de cero a dos años) en 14 de los 19 estados del país, así como el mantenimiento de ellas por 22 años, cuyo principal objetivo radica en universalizar la cobertura educativa sin ejercer presión en las finanzas públicas.
México aún no ha implementado proyectos público-privados en el sector educativo básico y primera infancia, y, tampoco, en infraestructura deportiva; considero que es una gran oportunidad para voltear a ver este tipo de proyectos.
Es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 considera una inversión física de 708 mil millones de pesos; de los cuales 0.1 por ciento se va a destinar a infraestructura educativa, pero ésta sólo contempla proyectos para niveles medio superior y superior. En lo que corresponde al mantenimiento de escuelas a nivel básico sólo considera 174 millones de pesos, lo cual resulta insuficiente para la cantidad de escuelas que hay en el país. Si bien el Ramo 33 a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa Básica contempla capital por 9 mil 429 millones de pesos, tradicionalmente estos recursos son utilizados por los estados para llevar a cabo mantenimientos menores en los centros educativos.
Sin duda, dadas las restricciones del gasto público y pensando en proyectos integrales que permitan contar no sólo con instalaciones educativas dignas, sino también con áreas deportivas de primer nivel e incluso estancias infantiles, sugiero explorar y explotar los esquemas público-privados que tan exitosamente se están llevando a cabo en los países latinoamericanos vecinos.
POR ÚRSULA CARREÑO
SOCIA FUNDADORA DE DUOMO BRUNELL, S.C.
@URSUCARRENO