Lo que se vio el lunes en la sesión del Tribunal Electoral sobrepasa los límites de lo ridículo. Después de tres horas de discusión, una votación y una hora de deliberaciones posteriores, no tenemos idea qué va a decir la sentencia que se publique. En conclusión, no sabemos si los partidos estarán o no obligados a incluir al menos siete mujeres en las 15 candidaturas a gobernador del próximo año.
Para dar un poco de contexto, cabe recordar que la participación de las mujeres en la política mexicana sigue siendo terriblemente inequitativa, sobre todo en cuanto a cargos ejecutivos se refiere. De 1953 a la fecha, se han elegido 351 gobernadores en el país… solo siete han sido mujeres y 25 estados nunca han sido gobernados por una de ellas. En 2019, una reforma constitucional buscó eliminar estos desequilibrios. Sin embargo, este esfuerzo se quedó solo en la Constitución y no se han emitido las leyes reglamentarias ni a nivel federal ni a nivel local. En ausencia de leyes, este año INE emitió el acuerdo para aplicar el principio paritario, según lo entendió, en un esfuerzo por seguir avanzando en la ruta de la inclusión.
En la sesión del Tribunal, se pusieron 3 cuestiones principales a debate: 1) si el INE tenía facultades para emitir este acuerdo; 2) Si el Tribunal debía dar la instrucción a los legisladores de regularlo a partir de 2022, y 3) si se debía hacer obligatoria o voluntaria la inclusión de al menos 7 mujeres por partido en el proceso 2021.
Tras la discusión, los magistrados concluyeron que el INE no tenía competencia para regularlo como lo hizo a estas alturas del proceso. También hubo consenso en que se debía vincular a los congresos federal y estatales a legislar rumbo al 2022. Finalmente, cuatro de los siete magistrados coincidieron en obligar a los partidos a aplicar la regla de paridad y postular al menos a 7 mujeres en 2021, con lo cual esta propuesta obtuvo la mayoría.
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Sin embargo, después de la votación, las cámaras de la sesión pública se mantuvieron prendidas durante una hora más en la que los magistrados, en un circo surrealista, se dedicaron a discutir exactamente qué habían votado. La escena solo terminó por hacer patente la intención del presidente, José Luis Vargas, de echar para atrás la decisión con base en argumentos procedimentales absurdos.
Este episodio no es novedad. El paso de Vargas por el Tribunal ha sido una vergüenza para las instituciones del país. Su papel en el encargo no ha sido más que una serie ininterrumpida de desplantes serviles que han abonado al retroceso de la democracia. Queriéndose congraciar con el poder, se ha postrado ante él y se ha convertido en el peón más obediente de los actores a quienes debería regular... en este caso, aunque sus acciones impliquen detener el avance de las mujeres hacia la equidad.
Unas horas después de la sesión, el órgano de comunicación del Tribunal publicó el sentido en el que se haría el engrose a cargo de Vargas: los magistrados “acordaron vincular a los partidos políticos a que, en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas… postulen el mayor número de mujeres posible.”
Esto es solo un comunicado y todavía no la sentencia. Sin embargo, lo que se presagia ya es terrible.
La paridad en México, parafraseando el comunicado de Vargas, será “obligatoriamente voluntaria”. Obligatoriamente voluntaria también parece ser la forma en la que él entiende las leyes que le instruyen hacer su trabajo y plasmar en la sentencia lo que votó la mayoría.
POR FERNANDA CASO
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