Hoy comienzo esta columna y, antes que nada, quiero expresar con toda sinceridad mi agradecimiento a El Heraldo de México por permitir este espacio. El Heraldo se ha caracterizado por favorecer espacios donde se puede ejercer este elemento fundamental de la democracia que es el diálogo. El compromiso democrático de todos los medios de comunicación debe servir, justamente, como caja de resonancia de una pluralidad de voces.
Permítanme destacar el proceso de escucha, en la medida en que se relaciona con la participación social.
Primero reconozcamos que México tiene una riqueza enorme, que deriva de su diversidad, tanto natural, como cultural y humana. Hasta hoy, las viejas formas de entender la gobernabilidad, habían asimilado esta diversidad como un motivo de conflicto. Pensemos en uno de los casos tan frecuentes en nuestro país, donde el gobernante que fue electo en las urnas impone la construcción de una obra de infraestructura sobre un territorio indígena.
Aunque el gobernante haya llegado a su cargo por la vía democrática, su proceder no lo es, porque ignora las voces de los pueblos sobre sus propios territorios. También, hemos visto que cuando estos pueblos reclaman, sus exigencias son ignoradas o, incluso, respondidas con represión. La falta de escucha no sólo crea conflictos y los hace escalar, sino que agudiza las injusticias.
Por ello, un gobierno que se compromete con la democracia es un gobierno que se plantea la necesidad de escuchar a la ciudadanía. Pero esto requiere un cambio de visión, donde el ciudadano deja de ser un cliente o un destinatario de servicios para convertirse en el protagonista de la vida pública.
En este sentido, en México hay muchos ciudadanos profundamente comprometidos con distintas causas como la educación, el medio ambiente, la salud o con otros temas que afectan a sus comunidades. Antes, para distintos gobiernos, esto resultaba indiferente, en el mejor de los casos. Pero si pensamos que todas estas personas son posibles agentes de cambio, que tienen tanto el conocimiento de sus problemáticas y de sus regiones, como el compromiso con sus comunidades, es evidente que son estos ciudadanos quienes tienen que participar de manera directa en los procesos de toma de decisiones de la política pública.
Tomemos por ejemplo el conflicto de aguas en el estado de Chihuahua, donde hay agricultores que conocen tanto sus necesidades, como las características de su geografía, y presentan una demanda legítima de acceso al agua. Desde una visión muy poco democrática, que impera en el gobierno del estado, se interrumpe el diálogo entre las partes, se cancelan reuniones y se hace política a costa de la ciudadanía. Esto hace que el conflicto crezca más allá del tema original de la distribución de agua y genere desconfianza entre ciudadanía y gobierno. Este conflicto pudo distenderse desde sus inicios, recurriendo a los principios de escucha y participación para garantizar no sólo la expresión de los ciudadanos involucrados, sino también su incidencia en las acciones de gobierno que los afectan.
Desde el inicio del sexenio, el Presidente indicó que la nueva labor de Gobernación es tender puentes con la ciudadanía y, aunque parezca una obviedad, los puentes tienen que transitarse en los dos sentidos, por esto necesitamos escuchar a través de la participación social.
POR AGUSTÍN J. GOICOECHEA CHÁVARRI
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. SEGOB
@AGUSTINGOICOEC2