De no ser afirmativa la respuesta sobre si hay interés en resolver la violencia contra las mujeres, lo mejor sería seguir culpando al pasado y al neoliberalismo en particular, además de esperar a que concluya el sexenio para que otros actores políticos asuman esa responsabilidad histórica.
En ese sentido parecen caminar las acciones que desde la presidencia de la República se han delineado para atender el problema. No se entendería de otra forma que el titular del ejecutivo federal considere que las causas del homicidio son las mismas que las del feminicidio, mientras que la secretaria de Gobernación manifieste que son otras.
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Mientras que el residente de Palacio Nacional señaló como causas de la violencia la desintegración familiar y la pérdida de valores, la inquilina de Bucareli declaró que el machismo mata, destruye la vida de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país, ambos en el marco del “Día internacional de la no violencia en contra las mujeres”.
Como solución a la creciente violencia contra las mujeres, López Obrador plantea luchar por una mejor sociedad, en la que no predomine lo material, se anteponga el amor al prójimo y se entienda que solo siendo buenos podemos ser felices, mientras que Sánchez Cordero solo atinó en subrayar que es momento de decir basta y que la 4T es feminista, lo cual permite vislumbrar que la solución no se dará en el corto plazo.
Por si hubiera alguna duda sobre el incremento de la violencia contra las mujeres durante la actual administración, a continuación se enlistan algunos indicadores cuantitativos que retratan de cuerpo entero el fenómeno de la violencia contra las mujeres.
En los 23 meses que abarcan de diciembre de 2018 a octubre de 2020 se registraron 1,864 feminicidios a nivel nacional, mientras que en los últimos 23 del sexenio anterior se contabilizaron 1,567 casos, es decir un 19% más con López Obrador que con Peña Nieto.
En los primeros 23 meses del actual sexenio se registraron 406 mil 794 delitos contra la libertad y seguridad sexual, en tanto que en los últimos de la administración anterior fueron 337 mil 940, es decir un 20% más en este gobierno que en el anterior.
Por lo que respecta a la violencia familiar, los casos registrados de diciembre de 2018 a octubre de 2020 ascendieron a 98 mil 852, mientras que los contabilizados durante los últimos 23 meses del sexenio anterior fueron únicamente 76 mil 183, es decir un 29% más con López Obrador que con Peña Nieto.
No faltará quien diga que las comparaciones son odiosas y que las circunstancias son diferentes, pero en estos tres delitos ni la pandemia del coronavirus ayudó a que disminuyeran como el robo en sus diversas modalidades, sino todo lo contario, se incrementaron.
La violencia familiar se aumentó un 3.4% entre enero y octubre del 2020 en comparación con el mismo lapso de 2019; el feminicidio se incrementó 1.5% comparado con el mismo periodo de 2019, mientras que los delitos contra la libertad y seguridad sexual subieron un 0.7% en el mismo periodo.
De ese tamaño es el reto para el gobierno federal durante los próximos 3 años ya que el último prácticamente se diluye entre la selección de candidatos, las precampañas, las campañas, la contienda electoral, la calificación de la elección y la transición hacia la nueva administración, lapso en el que prácticamente todos los delitos se incrementan ante el vacío que genera el hecho de que el nuevo presidente aún no llega y el viejo aún no se va.
Esos tiempos se ven aun lejanos, pero para delitos como los relacionados con la violencia contra las mujeres, que requieren tiempo para planear y articular las acciones vertical, horizontal y transversalmente entre los tres niveles de gobierno, 3 años son relativamente pocos y la mejor evidencia es que han pasado ya casi 2 años y en vez de avanzar en esta materia hemos retrocedido. Ojalá pronto se pongan de acuerdo en el gabinete presidencial, por lo menos en lo básico, es decir en las causas del homicidio y feminicidio, que dicho sea de paso, no son lo mismo ni mucho menos igual.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL