Hace una semana el Presidente anunció una reforma laboral que ha encendido alarmas en el sector privado. Los representantes del empresariado y el gabinete presidencial están en reuniones permanentes toda esta semana para discutir la controvertida medida, López Obrador se ha mostrado abierto al diálogo y está dispuesto a hacer concesiones. Esta sin duda podría ser una oportunidad para generar consensos.
La reforma en si plantea eliminar todo tipo de subcontratación, lo que se denomina outsourcing, y limitar esta figura a casos muy específicos que el gobierno califica como “servicios especializados”, es decir, aquellos que no formen parte del giro comercial o de negocio de una empresa y por tal motivo esta necesitará de un “externo” para poder adquirir al capital humano que los realice.
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El asunto aquí es que no queda muy claro qué entra y qué no en ese amplio espectro de “servicios especializados” y la sola idea de limitar el outsourcing a esta categoría pone en dificultades a empresas que, debido a factores económicos, logísticos y de operación, no pueden hacerse cargo de la búsqueda y contratación de personal. Esta ha sido una de las principales inquietudes del sector privado frente a esta controvertida reforma.
Cabe mencionar que la eliminación de tajo de este sistema de contratación arrojará a muchos trabajadores a la informalidad, afectará severamente a la recaudación fiscal justo cuando el país atraviesa por una de las peores crisis económicas de la historia. Por donde se mire, este es el momento menos indicado para una reforma de estas proporciones, al país le urge generar un ambiente de inversión y de empleo que nos ayuden a hacer frente a la crisis que ya estamos padeciendo.
Ahora bien, es cierto que no todo es miel entre hojuelas con respecto al outsourcing. La preocupación de López Obrador no es nueva y esta discusión viene de tiempo y atrás y no es exclusiva de México. Países como Brasil y Filipinas han creado leyes similares a la que se propone en México, pero sin llegar al extremo de eliminar por completo a la tercerización. El inconveniente con México es que la situación económica del país no da para una reforma de este calado.
Es cierto, existe un abuso tremendo por parte de ciertas agencias de colocación y de algunas empresas que utilizan este sistema. En esos casos, es cierto, los trabajadores prácticamente no tienen ningún tipo de certeza laboral, ya no se diga prestaciones o beneficios. Viven en la incertidumbre absoluta con contratos que se renuevan una y otra vez y sin ninguna garantía para poder defender sus derechos.
Desde luego este tipo de prácticas deben terminarse. Los aciertos de la propuesta del Ejecutivo descansan en la regulación de la figura del outsourcing en aras de beneficiar al trabajador. Es necesario que todas aquellas agencias de contratación cumplan con la ley y ofrezcan contratos dignos a sus empleados; es necesario también que el gobierno las regule y vigile para que cumplan con estos requisitos y puedan seguir operando.
Por ahora, López Obrador se ha mostrado accesible, y las reuniones con la iniciativa privada pueden resultar en un dialogo fructífero que dirima diferencias y logre una reforma consensuada en la que el proyecto de la 4T y la iniciativa privada, y por supuesto el país, salgan beneficiados.
El 2021 será un año muy complicado para México, y tanto el sector privado como el público deben encontrar los canales de comunicación adecuados para lograr acuerdos y emprender reformas, las que sean necesarias, que favorezcan a empresas, trabajadores y a México. Al final del día, lo que debe importar es el diálogo y la construcción de consensos como la mejor manera de establecer un mercado de trabajo flexible, dinámico, competitivo y apegado al Estado de derecho.
POR JAVIER GARCÍA BEJOS
COLABORADOR
@JGARCIABEJOS