Ciudadanía y democracia son dos términos indisolubles. Sin ciudadanía no es posible construir un régimen democrático; y sin democracia no puede haber ciudadanía. En un sistema democrático los derechos de la ciudadanía se ubican en el ejercicio de su capacidad de participar y decidir en los procesos de integración de los órganos del poder público a través de su voto. Sin embargo, los derechos ciudadanos no se limitan a su participación en los procesos electorales, toda vez que la democracia no es sólo un régimen político y una estructura jurídica, pues como lo consagra la Constitución Política de nuestro País, se trata de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este contexto, es importante recordar que la denominada transición democrática en México se ha construido a través de una prolongada y aún incompleta serie de reformas electorales que se han centrado en el papel y protagonismo de los partidos políticos en el proceso y ha ubicado a la ciudadanía como instrumento de los Partidos para alcanzar los objetivos de poder público de sus élites dirigentes, y no necesariamente para concretar las demandas de la sociedad. Esta situación ha generado una clara animadversión hacia los Partidos que los ubica entre las instituciones con menos credibilidad y confianza de la sociedad.
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Hoy en nuestro País la ciudadanía se enfrenta a una disyuntiva entre la resignación de seguir bajo los nocivos efectos del autoritarismo de un populismo trasnochado del gobierno de la 4T, o dar la batalla electoral en alianza con los partidos políticos (superando su animadversión) para construir verdaderos contrapesos desde el Poder Legislativo y los poderes públicos en las Entidades del País. Y por su parte, los partidos políticos opositores a la fuerza política gobernante, se enfrentan a la alternativa de ir solos a la contienda electoral o sumar fuerzas de manera pragmática con otros Partidos y con los movimientos ciudadanos emergentes como el “Sí por México”, pasando por encima de las diferencias ideológicas y centrando el interés en el objetivo común de quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los Poderes Públicos estatales a Morena, para reconducir el rumbo de la República. Frente a esas disyuntivas, se presenta la opción de las candidaturas ciudadanas, que no se deben confundir con las candidaturas independientes que establece la legislación electoral.
Las candidaturas ciudadanas son construcciones políticas que se basan en las coincidencias programáticas de los partidos con las fuerzas ciudadanas organizadas, para establecer una agenda común entre ciudadanía y partidos políticos que rebase las fronteras de la militancia partidista y ubique el interés y las causas de la sociedad por encima de las banderías partidistas. La fórmula no es complicada, basta con que los Partidos acepten postular a ciudadanos no militantes, pero con prestigio, capacidad y valores reconocidos por la sociedad; o bien que los cuadros partidistas con mayor aceptación y reconocimiento social se separen de su calidad de militantes y se ubiquen en el papel de ciudadanos al servicio del interés y las causas comunes, para poder ser postulados en el marco de una alianza entre partidos y ciudadanía. Hoy el reto es entender que se deben construir nuevos paradigmas de participación política en el binomio de ciudadanía y democracia.
POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CAZARES
@JOSEEALFARO