Diputados federales aprobaron en comisión, reformas a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
En ellas, se plantea la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el cual se encargará de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto.
Los objetivos son interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades y municipios, así como los entes privados para fines de investigación de los delitos, con excepción de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad nacional.
A fin de combatir algunos de los delitos que más lastiman a la población, como el secuestro o la extorsión, también se avaló la creación de un Registro Nacional de Usuario de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice, entre otros, el derecho a la privacidad.
Además, se plantea por primera vez, se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas, y estarán obligados a compartir y actualizar diariamente las bases de datos de su sistema de gestión de incidentes y se estandariza a su operación mediante la creación de normas, técnicas y protocolos.
Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo reconoció que la delincuencia organizada ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza existencial a la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, por lo que es necesario actuar contra ellos con todos los instrumentos al alcance y no con flores.
“Su capacidad de infiltración criminal, su sometimiento a sociedades y el desafío a la autoridad demandan determinación y firmeza, no enviarles flores ni requerimientos hay que actuar con todos los instrumentos del estado de derecho”, indicó.
Cesar Damián, del PAN alertó sobre la creación Registro Nacional de Usuario de telefonía móvil. Señaló que muchas de las llamadas de extorsión y el secuestro provienen de llamadas de Centros Penitenciarios, mientras que ahora se quiere utilizar datos e interceptar llamadas de particulares que podrían vulnerar derechos humanos.
“Vale la pena entrarle a la discusión en serio de cómo vamos a generar un sistema armónico de seguridad, porque estamos centrándonos en la interconexión de bases de datos, el uso de datos en posesión de particulares que pasarían ahora al poder del Estado, que podrían vulnerar derechos humanos, esa es una parte de la discusión”, indicó.
Ambos dictámenes fueron enviados a la Mesa Directiva para que este jueves, se haga la declaratoria de publicidad correspondiente para que en una segunda sesión se discuta y se avale con la mayoría de Morena en el pleno.
