Los acontecimientos del Rancho Izaguirre han cimbrado las estructuras del poder. Desterrar la idea de que Teuchitlán era un campo de tortura y exterminio, es la máxima prioridad de los responsables de la comunicación gubernamental.
Saber que este rancho era un centro de adiestramiento forzado al servicio de la delincuencia, como muchos otros que existen en el país, es tan grave como reconocer que era un lugar de exterminio para quienes se resistían a las órdenes de sus captores. Las declaraciones de los detenidos confirman, como informó el secretario de Seguridad, que el Rancho Izaguirre servía para una cosa y la otra.
En el intento de ganar la narrativa y de evitar que se encuadre al gobierno actual como incapaz de combatir la delincuencia y la impunidad, se han cometido excesos y errores en la investigación y en la comunicación gubernamental. Los yerros afectan a la presidenta e impactan el ejercicio del gobierno, a tal punto, que condicionan su ejercicio a padecer todo lo que quisieran evitar.
Ocupados en conservar el poder y en minimizar los costos para la administración, los operadores de la estrategia gubernamental olvidan que la verdad libera, y que lo único que puede aliviar y contener el dolor insufrible de las víctimas ante las desapariciones forzadas, es la esperanza de encontrar a sus familiares, utilizando todos los recursos del Estado; y recuperar la confianza de que se conocerá la verdad y habrá justicia. No hay otro camino,
Ante los miles de desaparecidos, contados en cifras oficiales en más de 115 mil, la única alternativa viable es una política pública que coloque a las personas afectadas en el centro de las preocupaciones y de las acciones a emprender. Sería un craso error colocar al gobierno al centro, y seguir mostrando desinterés o evasivas ante el dolor evitable de quienes han perdido a sus seres queridos.
El gobierno federal tiene la responsabilidad y la oportunidad de legitimarse, siempre y cuando asuma la posición correcta ante el drama humano de las personas desaparecidas. Dar esperanza en medio de la incertidumbre y el dolor, y acreditar el compromiso con la verdad, es el verdadero poder que tienen las autoridades.
Aun en los peores momentos de la historia, cuando todo parecía perdido, como en la Batalla de Stalingrado, durante la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética de Stalin, lo único que mantuvo en pie al Ejército Rojo y al pueblo ruso, fue la esperanza en la victoria y una clara determinación frente al agresor; y no la negación, la represión o la indiferencia ante el dolor que infringen los criminales al pueblo.
Sea cual sea la motivación, aún sea por sobrevivencia política, el gobierno no puede evadir su responsabilidad ante la inseguridad y el crimen organizado. Los excesos a los que hemos llegado claman justicia. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no pueden ni deben olvidar que, si no se asume un compromiso definitivo con la verdad sobre las desapariciones forzadas, se debilita su fuerza y se pierde el poder. Aún es tiempo.
POR MARCO ADAME CASTILLO
Analista y Consultor Político
EEZ
