El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional por unanimidad de 459 votos, con la que se blindan los recursos que reciben los ciudadanos provenientes de programas sociales de los tres órdenes de gobierno de cualquier tipo de embargo, retención, descuento o deducción, únicamente será posible mediante juicio en los tribunales competentes.
El proyecto que fue remitido al Senado de la República, adiciona el último párrafo al artículo cuarto de la Constitución, en materia de inembargabilidad de los programas sociales, con ello se busca evitar que se vulneren los derechos de los beneficiarios quienes son víctimas, principalmente de instituciones financieras.
La reforma plantea que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás apoyos para el combate a la pobreza y desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos de particulares, sino mediante juicio ante los tribunales competentes y bajo procedimientos aplicables.
Apoyos económicos
Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Flor Ivone Morales, detalló que dicha reforma obedece a que existen numerosas quejas por parte de usuarios debido a que las instituciones bancarias les han descontado, sin ningún aviso previo, diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas que reciben de los tres órdenes de gobierno.
“Lamentablemente, es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando que el origen de los recursos, incluso, provengan de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la Ley Contra los Embargos”, señaló la legisladora.
Añadió que las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión, refirió que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con los bancos para el uso de productos o servicios financieros se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso en riesgo de su patrimonio.
Faltan reglas
Al posicionar a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Jorge Triana, aunque adelantó el voto a favor de su bancada, advirtió de la falta de reglas de operación para los programas sociales que fueron elevados a rango constitucional desde 2020.
“Estamos a favor de esta reforma al artículo cuarto constitucional para que no puedan ser sujetos de embargo, de que se retiren estos recursos por parte de instituciones financieras, sin que medie primero un juicio justo y adecuado a las condiciones económicas de cada una de las familias, que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres de nuestro país, a consecuencia de que no hubo estas medidas contra cíclicas, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluido el propio gobierno”, sostuvo el panista.
SIGUE LEYENDO
Diputados justifican recorte presupuestal al INE en 2022: “Hay una burocracia dorada”
Nuevo León: Congreso local apunta a aprobar la Nueva Constitución este viernes
Adiós al Horario de Verano: Diputados aprueban su eliminación
DRV
