Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre uno de los temas más controversiales de la industria de la comunicación y el periodismo: la libertad de expresión.
En el duro contexto que pasa el país con severos casos de agresión a periodistas, el máximo tribunal terminó con una de las leyes que promovió el tan criticado gobierno del priista Enrique Peña Nieto y que abonaba al discurso de la censura en los medios de comunicación.
Por unanimidad, los ministros invalidaron la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRYT), que dictaba la obligación de los concesionarios a distinguir entre la información noticiosa de la de opinión. ¿La razón? Irregularidades en el procedimiento legislativo.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el primero en respaldar el proyecto de su compañero Alberto Pérez Dayán. Determinó que el principal vicio fue que la minoría parlamentaria no tuvo la oportunidad de participar en condiciones de libertad y de igualdad.
El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que en en este caso hay violaciones graves porque no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad.
A su vez, Luis María Aguilar señaló la despreocupación de los senadores en el cumplimiento de las reglas que rigen el proceso legislativo.
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¿Un peligro la resolución?
El decreto tiene opiniones encontradas. Mientras unos celebran el fallo de la Corte para tumbar la legislación calificada como “Ley Mordaza”, otros advierten que la resolución no abona al panorama de respeto a la libertad de expresión.
Gerardo Soria, fundador y presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, aseguró que esta decisión va en contra de la libertad de expresión. “Lo que resolvió la SCJN es todo lo contrario”, aseveró en entrevista con Jesús Martín Mendoza en el programa Las Noticias de la Tarde de El Heraldo Media Group.
Explicó que en 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estableció una especie de comisario de la verdad. Este tenía la facultad de denunciar un programa de radio y televisión que no cumpliera con distinguir de manera expresa entre opinión e información.
Tras ello, un comité podría sacar del aire estos programas si considerara válida la denuncia. “A raíz de esto, el Congreso modificó la ley”, agregó.
“Se revive la facultad del estado para imponer comisarios de la verdad en estaciones de radio y televisión”, advirtió y aseguró que los ministros no entraron al análisis de fondo sobre si esta reforma es violatoria de la libertad de expresión.
Esto mismo señala la periodista de El Heraldo Media Group, Adriana Delgado, en su columna de este martes: “el fantasma de la tentación autoritaria sigue rondando”, argumentó al coincidir en su análisis con Soria.
Sin embargo, fue más benévola. Recordó que ahora el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de rehacer esa reforma. “Una diferencia sustancial es que tendría que observar las razones por las que la Corte declaró inválida la de 2017 y no cometer las mismas irregularidades”, escribió.
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¿Un rayo de esperanza?
Esta última postura fue compartida por Federico González Luna, director general de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, quien dio una entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocio de El Heraldo Media Group.
Apuntó que las razones de la resolución fue porque en su momento no fueron escuchados a grupos minoritarios como personas discapacitadas, indígenas, así como a estaciones de radio y televisión comerciales, públicas y sociales.
“Ahora, en los próximos meses tendrá una discusión el Congreso sobre este tema más abierta y más incluyente. Lo importante es que queda abierta la posibilidad para hacer la ley en términos más convenientes”, anotó.
Indicó que los legisladores tendrán seis meses para poder reformar esta legislación. “Yo creo que es un plazo suficiente para que el Congreso trabaje”, mencionó.
A su vez, Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de Canal 22 , aseguró que ganan las audiencias con este fallo. “Es un reconocimiento muy importante de que los medios de comunicación tienen que actuar con ética”, aseveró.
Disputas políticas
Irene Levy, presidenta de Observatel, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para el Heraldo Media Group, destacó que la resolución de los ministros solamente da pie a la anulación de la modificación a la ley de 2017, por lo que no es indispensable que se vuelva a retomar el tema, a menos de que la Cámara de Diputados lo decida.
La preocupación, dijo, está en la cuestión política, debido a que en la coyuntura se cuenta con un Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha sido debilitado de manera sistemática. El IFT, incluso, pidió a la Suprema Corte de Justicia que obligue al gobierno a nombrar las tres comisionadas que faltan para poder cumplir con muchas de sus funciones básicas.
A esto sumó el ataque se realiza en contra de los medios de comunicación por parte del Gobierno Federal. La situación, explicó, debería llevar a las autoridades a establecer un punto medio sobre el derecho de las audiencias.
En cambio, Javier Lozano, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fue más allá. Dijo a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el Congreso puede legislar sobre el tema, aunque no se estableció una fecha específica para que se realice la modificación.
Vaticinó que Morena aprovecharía la oportunidad para realizar esta discusión sin lugar a dudas, aunque cuestionó que el partido tenga la mayoría y además calificó esto de peligroso. Estimó que la intención del partido oficialista es que se regule la forma en la que los medios de comunicación realizan sus funciones para así aprovecharse de la figura de un censor para evitar las voces opositoras.
"Nada les gustaría más que callarle la boca a los comunicadores", dijo.
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