CASO ALITO

Renato Sales rechaza que petición de desafuero de "Alito" sea venganza política

Aunado a ello, detalló que hay una desproporción en los ingresos como servidor público de Alejandro Moreno Cárdenas

NACIONAL

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También aclaró que hay un hecho denunciado y es un delito que corresponde a la Fiscalía estatal investigarlo.Créditos: Cuartoscuro

El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que la petición de desafuero y la indagatoria contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, está lejos de ser una venganza política, ya que argumentó que la Procuraduría del estado sigue el proceso que indica la Constitución. 

En breve entrevista en el Senado, el fiscal de Campeche expuso que también siguen el proceso que indica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sales Heredia destacó que buscan que se integre la sección instructora en San Lázaro. Foto: Especial

Incluso detalló que hay una desproporción en los ingresos como servidor público de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y las propiedades que se ostentan. 

"Lo que estamos diciendo es que esa desproporción constituye un delito", manifestó.

Propiedades de 'Alito'

Relató que tan solo una de las propiedades del priista, que se encuentra en Lomas del Castillo, cuenta con 10 mil metros cuadrados de edificación, por lo que en un cálculo y estimación pericial de la obra se habla de que tiene un valor de 130 millones de pesos, que se suma al costo del menaje de casa que se calcula en 50 millones de pesos.

"De ninguna manera, en lo más mínimo (hay una venganza política o personal), al contrario, no hay ninguna.  Si creemos como fiscalía anticorrupción o Fiscalía General del Estado que hay un hecho denunciado con apariencia de delito y presunta responsabilidad, lo que corresponde, según el artículo 111 de la Constitución y según la Ley Federal a la que no se hemos referido es precisamente acudir ante la Cámara de Diputados", indicó. 

Sales Heredia destacó que buscan que se integre la sección instructora en San Lázaro, y en el plazo que la propia ley establece, determine si hay lugar a proceder penalmente o no. 

"Senadores, diputados, ministros de la Corte, gobernadores, tienen fuero constitucional y es un obstáculo procesal", precisó.

También aclaró que hay un hecho denunciado y es un delito que corresponde a la Fiscalía estatal investigarlo.

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