En Durango

Dictan medidas cautelares a político por amenazar a periodista en redes sociales

Un exdiputado local de Durango, que habría publicado una serie de mensajes amenazadores en contra de un periodista en la red social X, fue vinculado a proceso judicial

Dictan medidas cautelares a político por amenazar a periodista en redes sociales
El político no podrá dirigirse nuevamente al periodista, de acuerdo con las medidas cautelares. Foto: Pexels

Un político duranguense, quien en el pasado se desempeñó como diputado local por parte del Partido Acción Nacional, fue vinculado a proceso judicial por presuntamente amenazar a un informador.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República señaló que el sospechoso, identificado como José “N”, habría escrito algunas amenazas de muerte en contra del reportero Iván Soto.

“En diciembre de 2024, esta persona presuntamente envió mensajes privados a la víctima con contenido amenazante a través de la plataforma X, motivado por la publicación de diversas notas periodísticas.

“Por lo anterior, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para demostrar la probable responsabilidad del imputado como autor material de las amenazas”, detalló la dependencia federal. 

Acusa periodista a hijo de político por presunto abuso sexual

De acuerdo con las indagatorias, la reacción del político duranguense habría ocurrido luego de que Soto publicó algunas notas en las que acusa a Jorge “N”, hijo de José "N", de haber abusado sexualmente de su hija Ivanna.

Los hechos presuntamente ocurrieron en 2021, cuando ambos eran menores de edad. Apenas en noviembre pasado, un juez determinó que Jorge “N” era posible responsable de una conducta delictiva.

Imponen medidas cautelares en contra del político

Con el objetivo de proteger la integridad del reportero, la autoridad federal impuso una serie de medidas cautelares a José “N”, mientras que se desarrollan las indagatorias sobre alguna conducta delictiva.

“Como medida cautelar, el juez le impuso la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima a través de ningún medio, ya sea personal o electrónico durante el trámite del procedimiento y señaló un plazo de dos meses para la investigación complementaria”, señaló la FGR.

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