Ante el aumento en el delito de feminicidio, la diputada federal del Partido Verde, Rocío Corona propuso reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para obligar al estado a que se haga responsable de los víctimas indirectas del delito, es decir, las y los hijos de las mujeres asesinadas.
La legisladora considera que el feminicidio se ha convertido en un problema alarmante en nuestro país, ya que de acuerdo con datos oficiales, diariamente se registraron 11 muertes de mujeres por razones de género.
En el documento señala que “lamentablemente, la cifra de feminicidios ha ido en aumento en el país, como lo vimos en el año 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registró la muerte de mil seis mujeres; además de otros dos mil 747 asesinatos, que fueron catalogados como “homicidios dolosos”, en buena medida debido a la negligencia y a la carencia de perspectiva de género en la investigación y proceso judicial, hecho que derivó en una pena mucho menor para el asesino.
FOTO: Archivo
En este sentido, la legisladora ecologista informó que sólo entre el 20 y 25 por ciento de los asesinatos son clasificados por violencia de género, situación a la cual se suma el desinterés social e institucional que hace invisibles a las víctimas.
Con la iniciativa, el Sistema Nacional del DIF o los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las procuradurías de protección, tendrían que adoptar las medidas pertinentes para garantizar a los niños huérfanos, por el feminicidio, el disfrute pleno y la satisfacción de sus derechos alimenticios, educativos, de salud física y emocional, hasta que cumplan la mayoría de edad.
“El tema no es menor y puede convertirse en una bola de nieve porque se trata de las hijas e hijos, muchas veces menores de edad, que quedan en la orfandad, bajo un esquema sistemático de revictimización por la pérdida y el asesinato violento de sus madres y además, padecen la indiferencia de las autoridades de este país” advirtió.
La propuesta de Corona Nakamura señala que los legisladores tienen una corresponsabilidad pendiente con los tres niveles de gobierno, para coadyuvar en brindar seguridad a la población en general, pero también, promover la denuncia y proteger a las víctimas directas o indirectas de los delitos; salvaguardar la reparación del daño y garantizar la protección, paz y tranquilidad de todos en cada uno de los rincones del país.
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