Ocho exregidores del municipio de Celestún, incluido el exalcalde Leonel Rosado Mena, fueron vinculados a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado cometidos en pandilla, pues se les acusa de vender ilegalmente terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento. Dichos bienes tenían un valor comercial superior a los 57 millones de pesos y lo vendieron a sus cómplices a tan sólo 400 mil.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Oral de Umán ante la Jueza de Control, Mariza Virginia Polanco Sabido, quien luego de examinar los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán decidió iniciar el proceso penal en contra de dichas personas.
En la denuncia se señala que los imputados, en su calidad de regidores del Cabildo de Celestún en la administración 2015-2018, otorgaron ilícitamente enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del Municipio. Lo hicieron para venderlos a favor de otras tres personas, que también están imputadas, socias de la empresa compradora.
La Fiscalía también señaló que mediante una sesión de cabildo realizada el 18 de junio del 2018, los entonces regidores aprobaron la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con seis de los nueve requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto.
Pago por los terreno
Esta irregularidad lo hicieron a favor de las tres mencionadas personas, quienes pagaron 400 mil pesos por los bienes inmuebles, cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos.
En la acusación se precisa que dichos exfuncionarios dañaron gravemente el patrimonio municipal, pues se encontró un déficit de 99.31 por ciento en esa operación.
El Poder Judicial de Yucatán informó que una de las exregidoras, que no estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso, será presentada con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente.
La jueza Polanco Sabido impuso a los imputados diversas medidas cautelares como acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y prohibición de acercarse a testigos. Además, otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
Cabe mencionar que se trata de la segunda ocasión que todo un excabildo es vinculado a proceso por delitos de corrupción en Yucatán, pues apenas hace unas semanas ocurrió lo mismo con los exregidores de Progreso, quienes son acusados de cometer cohecho.
DRV