La plataforma de transporte Uber continúa la batalla legal para poder operar en Quintana Roo como “transporte privado”, sin necesidad de concesión como los taxis habituales.
Este martes la compañía informó que recibió una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que reconoce que los servicios de movilidad que intermedian a través de la tecnología son privados.
La Ley de Movilidad del Estado, reformada en julio de 2018, permite la operación de Uber y otras plataformas, pero deben ajustarse a un esquema de control, a través de una concesión.
Para su operación en el estado, Uber cuenta con una suspensión que otorgó un Juez Federal, a través de un amparo para que no le aplique dicha Ley.
Aunque este amparo no se ha resuelto, Uber aseguró que deberá resolverse con base en los preceptos dictados por la Suprema Corte, donde se determinó que el modelo de negocio de Uber, es distinto al servicio de transporte público sujeto a concesión.
“Expresamente la Corte señaló que por su naturaleza es un servicio de transporte privado. Esta resolución constituye jurisprudencia por precedente y por lo tanto, la hace obligatoria para todos los jueces y tribunales del país”, sostuvo la empresa en un comunicado.
Aunque desde hace dos años regresaron las operaciones de esta plataforma a Cancún, el servicio no ha logrado establecerse por completo, debido a que con frecuencia los automóviles son retenidos por elementos de tránsito y los conductores trabajan bajo el asedio de taxistas.
Manuel N, trabajador de la plataforma, contó a El Heraldo que ha sido amedrentado por lo menos en seis ocasiones por taxistas adscritos al Sindicato Andrés Quintana Roo, que en grupos le obligan a bajar a los usuarios.
La semana pasada los taxistas bloquearon el acceso a la principal avenida de la zona hotelera de Cancún, el bulevar Kukulkán, demandando, entre otras cosas, la salida de Uber del estado.
