Hace unos días, en comisiones, el Senado aprobó el dictamen para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Sin embargo, activistas han advertido que estas regulaciones son un gran riesgo para los usuarios.
El organismo Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) explicó en un comunicado que hicieron llegar a la Cámara Alta una nota técnica, donde argumentan sus razones por las que el proyecto debe ser desechado.
Vale recordar que esta reforma pretende que sea obligatorio identificarse y registrarse en un padrón al momento de adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica por prepago. Esto para evitar o reducir el uso de líneas desechables en los delitos de extorsión y secuestro.
A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será el encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón; procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades. Además, establecerá los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al registro.
¿Por qué es un peligro el padrón?
R3D expresó que este padrón, en términos generales, es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), un programa fallido en 2008 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Este último fue eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y puesta a disposición en el mercado negro. En vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente, aseguró la organización.
Ahora en este nuevo padrón hay un problema en caso de una filtración , pues los datos biométricos, al constituir rasgos físicos ligados a una persona (huella digital, rostro, iris o ADN) no son posibles de modificar o restituir.
“Esto se agrava debido a que el dictamen pretende la construcción de una base de datos biométricos masiva y centralizada, que crea un punto único de falla altamente atractivo a ataques informáticos”, alertaron.
No hay evidencia de reducir el crimen
La Red en Defensa de los Derechos Digitales refirió que estudios, como el informe de la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía GSMA sobre registro obligatorio de tarjetas SIM (2016), indican que “no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca el crimen”.
Apuntaron que las redes criminales utilizan múltiples técnicas y mecanismos para evadir el uso de teléfonos asociados a su identidad. En cambio, “las autoridades investigadoras ya cuentan con múltiples herramientas para el combate a estos delitos, como la posibilidad de acceder a la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil”, mencionaron.
Recordaron que la ley incluso permite que los ministerios públicos utilicen esas técnicas sin autorización judicial, sujetas a ratificación posterior por parte de jueces de control. Sin embargo, expresaron que la “ausencia de controles democráticos para el uso de dichas facultades ha provocado serios abusos”.
“De acuerdo con datos obtenidos por R3D mediante solicitudes de acceso a la información, 85 por ciento de las veces que se usaron esas técnicas de investigación fueron sin autorización judicial previa. No obstante, en el 45 por ciento de los accesos a datos conservados y 85 por ciento de las localizaciones geográficas en tiempo real, los jueces no concedieron la ratificación”, sentenciaron.
EAA