Con cambios que devuelven la minuta al Senado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con reformas a diversas disposiciones de 65 ordenamientos legales.
La votación en lo particular se dio al filo de las 23 horas de este jueves, después de once horas de debate, resultando 334 votos a favor, 109 en contra y cinco abstenciones.
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En la discusión en lo particular se presentaron 193 reservas propuestas por el PRI, PT, Morena, PAN, PRD, MC y diputados sin partido, pero sólo se aceptaron seis propuestas de cambios a seis artículos (5, 13, 20, 40, 53 y Quinto transitorio), ante la presión que ejercieron organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Hubo modificaciones en la nueva Ley
Se modificó el artículo 5 de la nueva Ley de la Fiscalía para garantizar el derecho de la víctima de algún delito del fuero común a solicitar que la FGR atraiga su caso cuando se demuestre ineficiencia por las instancias locales.
A la par, la FGR mantendrá su facultad de atraer casos del fuero común en los que se demuestre la inactividad o ineficiencia de la Fiscalía local competente, garantizando que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.
La diputada Martha Tagle del MC, respaldada por Lorena Villavicencio de Morena, señaló que los cambios fueron “palomeados” por la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero, y son simulaciones que no atienden de fondo las demandas de las víctimas. Ninguna de las reservas de las legisladoras fueron aceptadas por la Asamblea.
Otra modificación al artículo 13
También se modificó el artículo 13 en el que se faculta a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de atraer casos “cuando se trate de un asunto de trascendencia social, la cual deberá ejercerse obligatoriamente cuando exista una declaración de violaciones graves a derechos humanos; de los delitos de orden federal”.
En el artículo 40 se establece que la Fiscalía estará obligada a recibir propuestas de líneas de investigación que formulen las víctimas; deberá dar acceso a las víctimas sobre los registros y proporcionar copia gratuita de los mismos; y se garantiza el derecho de las víctimas de presentar peritajes independientes facilitándoles para ello el acceso a las carpetas de investigación.
Mientras, en el Artículo 53 establece que el órgano que implemente el servicio profesional de carrera de la FGR deberá contar con autonomía técnica y gestión, de acuerdo a las necesidades de la Fiscalía General y de conformidad con el estatuto orgánico.
Al presentar el dictamen, el diputado Marco Antonio Andrade justificó que el objetivo “es expedir una nueva ley reglamentaria de la Fiscalía General de la República, para garantizar que este sea un verdadero órgano público autónomo. Reestructurar a la Fiscalía General de la República para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal”.
Con la abrogación de la actual Ley Orgánica, la nueva ley también dota a la FGR de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos, con los que podrá intervenir en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, solicitar la reparación del daño y la extinción de dominio.
Delimita la intervención de la Guardia Nacional en la investigación penal, así como los alcances de actuación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
Fortalece las facultades del titular de la FGR y al mismo tiempo lo obliga a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y presentar anualmente un informe de actividades.
Por ejemplo, la FGR podrá enviar una postura institucional al Congreso de la Unión sobre iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia.
Define un nuevo esquema de Unidades Especializadas, que permita a éstas enfocar sus funciones de manera ágil y funcional, sin trabas burocráticas o barreras que responden a una realidad pasada y anacrónica.
Se considera, además, la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que determine las estrategias para la investigación y persecución del delito, bajo criterios objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo.
Por: Iván Saldaña
hgm