Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Senado consumó la histórica reforma para atacar la subcontratación ilegal, que beneficiará a unos ocho millones de trabajadores que laboran bajo ese esquema y podrán ser regularizados con prestaciones conforme a la ley, como seguridad social y reparto de utilidades.
A partir de que entre en vigor la ley, las empresas no podrán contratar trabajadores para tareas permanentes, únicamente podrán hacerlo para trabajos especializados.
Después de dos años de análisis legislativo, y tras un acuerdo del gobierno con empresas y sindicatos, el Senado y la Cámara de Diputados modificaron ocho leyes federales para regular el llamado outsourcing, incluso en trabajadores del gobierno federal.
Las modificaciones pasan al Ejecutivo federal, y una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las empresas que subcontratan personal de manera ilegal tendrán hasta 90 días para regularizar su situación, y contratar a sus empleados (insourcing) de manera formal; mientras las que ofrezcan servicios especializados deberán registrarse en un padrón controlado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que haga obligatorio que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
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El gobierno federal tendrá un plazo de seis meses para regularizar a todos sus empleados que están contratados por medio de empresas que subcontratan personas.
El reparto de utilidades para la subcontratación quedó aprobado en dos modalidades, una que obliga a dar tres meses de salario; o la segunda, el promedio de lo recibido en los últimos tres años. Se tomará la opción que resulte más alta y mejor para los trabajadores.
El objetivo de la reforma es eliminar prácticas ilegales que disminuyen las obligaciones de los empleadores, además de poner al corriente a empresas que evaden al fisco por medio de la subcontratación ilegal.
De acuerdo con el senador Martí Batres al poner en cintura a las empresas al regularizar a sus trabajadores, el gobierno podrá recaudar unos 21 mil millones de pesos anuales.
Por Misael Zavala
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