La Ley “Ingrid” que se prepara para el Estado de México saldrá de cuatro iniciativas. La misma no sólo contemplaría sanciones penales para elementos de procuración de justicia, sino a paramédicos, policías, bomberos y ciudadanos en general, por difundir imágenes o video de crímenes.
Lo anterior, forma parte de los resultados de la primera reunión de trabajo en comisiones legislativas de los proyectos propuestos por diputadas de Morena, PRI y PRD. Se espera que el dictamen a más tardar quede la siguiente semana.
La diputada de Morena, Liliana Gollas Trejo, pidió que en su propuesta la penalización alcance no sólo a servidores públicos, sino a elementos de urgencias.
“Lo que se detectó en el caso Ingrid, es que no es propiamente la filtración de las imágenes se dio desde una carpeta de investigación”, advirtió.
En ese sentido, solicitó que se anexe la palabra y todas aquellas personas que filtren información ya que, recalcó, también acuden “lo que llamamos primer respondiente, ellos no entran en el círculo de procuración de justicia, sino en el círculo de seguridad y muchas veces son operativos, también involucra a personas en general”, enfatizó.
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Su compañera de bancada, Beatriz García Villegas subrayó que en la iniciativa de su autoría, busca brindar protección y apoyo a víctimas. Por ello, plantea amparar a los distintos grupos poblacionales y en condición de vulnerabilidad.
Explicó que van desde niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, internos, adultos mayores y en situación de calle o extrema pobreza.
En los anteriores proyectos legislativos, se prevé las sanciones incrementen de cinco hasta 15 años de cárcel y subir por la actualización de cada una de las circunstancias agravantes en una mitad de la pena que corresponda.
Otra de las autoras de las iniciativas, la diputada del PRD, Aracely Casasola Salazar, cuestionó que institucionalmente existe una cultura de violencia, toda vez que esta se ejerce desde el sector público como privado, además desde los organismos de justicia y defensa de derechos.
"Lamentablemente en el Estado de México se han suscitado casos en los que se filtran imágenes de las víctimas de feminicidio promoviendo una cultura de violencia institucional que vulnera los derechos y la dignidad de las víctimas", subrayó.
La próxima reunión se pactó para el 21 de abril y la misma existirá la participación de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) y de la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem), para que emitan recomendaciones en la materia.
Actualmente la “Ley Ingrid” ya se aprobó en la Ciudad de México y Oaxaca, derivado de la filtración de material del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la capital del país el 9 de febrero de 2020.
Por: Gerardo García
GDM