Sin importar el partido político o la institución gubernamental en que se desempeñe, la mayoría de los actores políticos y servidores públicos han resaltado de alguna forma la importancia del uso de inteligencia para la toma de decisiones. No obstante, en el caso de México, aún no se consolida una verdadera comunidad en este tema, y su uso y profesionalización están lejos del reto que representan nuestras actuales circunstancias.
El desconocimiento que hay respecto al tema, la competencia entre las propias agencias productoras de inteligencia, el bajo perfil de algunas o el innecesario protagonismo de otras, y el limitado (aunque modestamente creciente) rol que la sociedad civil tiene en las discusiones públicas sobre la materia -que también son pocas- han impedido que se consolide lo que en otros países se conoce como cultura de inteligencia.
En la actualidad, la comunidad mexicana de inteligencia está dispersa, con distintas instancias del aparato gubernamental que tienen en sus funciones el ejercicio, tácito o explícito, de estas actividades, pero no lo realizan de manera coordinada.
Existen algunos espacios formales para el intercambio de información, como el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia con sus cinco centros regionales, instalados en la anterior administración federal, pero resultan insuficientes para la enormidad del reto que representan amenazas como la delincuencia organizada, que al mismo tiempo impacta los ámbitos de la seguridad pública y nacional.
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En otros rubros, hay disparidades notorias, desde el masivo despliegue técnico y operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un extremo, hasta la ausencia total de un servicio de inteligencia exterior en el otro. Ante este escenario, la necesidad de instaurar un medio que coordine los esfuerzos realizados por las dependencias que actualmente realizan estas prácticas en México, al mismo tiempo que fortalezca áreas donde esta labor no se está realizando, se hace más urgente.
La idea de establecer en México un Sistema Nacional de Inteligencia no es nueva. La Ley de Seguridad Nacional que entró en vigor hace 16 años ya contempla un apartado para la coordinación interinstitucional en materia de generación y compartición de inteligencia para la seguridad nacional. De igual forma, documentos programáticos de las administraciones encabezadas por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador refieren dentro de sus metas, con distintos grados de detalle, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, tanto en los ámbitos de seguridad nacional como de seguridad pública.
Pese a esto, apenas hace tres meses, el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmaba que se estaba trabajando en la propuesta de un sistema nacional de inteligencia, sin que haya visos de que este tema se vaya a resolver pronto. Esto significa que la inercia interinstitucional señalada previamente se mantendrá en el futuro inmediato, lo cual es un problema dado que la limitada coordinación en inteligencia es una de las principales causas detrás del incremento de los índices delincuenciales que se ha vivido a nivel nacional en los últimos cinco años.
Paradójicamente, la gran mayoría de los actores políticos coinciden en que es con más y mejor inteligencia como se puede atender no sólo la inseguridad, sino otras cuestiones públicas relevantes, desde el diseño de programas económicos hasta la planeación más eficiente en las acciones de reacción ante fenómenos externos, como desastres naturales o pandemias.
En algunos foros, incluyendo el Senado de la República, se ha mencionado la posibilidad de elaborar una Ley de Inteligencia. Aunque personalmente estoy en contra de seguir engrandeciendo el corpus jurídico nacional, valdría la pena retomar este debate, sobre todo porque posiblemente sea mediante una ley el único mecanismo que permita obligar a las instancias que componen nuestra comunidad de inteligencia a coordinar sus esfuerzos y orientarlos hacia el bienestar nacional.
Por: Amaury Fierro, maestro en inteligencia y CEO de OSINT Latinoamérica