Hace años que personas activistas por la pacificación de México y organizaciones de la sociedad civil han luchado por cambiar la discusión sobre el tráfico y consumo de drogas: de un enfoque punitivo a un enfoque de salubridad, desigualdad y seguridad humana.
El Senado mexicano aprobó la semana pasada un dictamen que permitiría la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, a cargo de la Secretaría de Salud. Es decir, el Estado mexicano será el encargado de regular la producción, la comercialización y los permisos de consumo del cannabis. Asimismo, en la jornada electoral estadounidense el pasado 4 de noviembre, las y los ciudadanos estadounidenses de varios estados votaron por la despenalización de ciertos narcóticos. Algunos ejemplos son Oregón con la heroína y Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur con la marihuana.
Cabe mencionar que, en el caso de México, el dictamen aprobado tiene múltiples críticas, de entre las cuales resaltan dos: los huecos legales en el establecimiento del IMC y que no se despenalizan aún la portación y el consumo individual del cannabis. Pero, para efectos de esta sección, lo que nos interesa es la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto para la relación bilateral?
Desde la presidencia de Nixon en los setenta, Estados Unidos ha mantenido un enfoque predominantemente punitivo frente al narcotráfico. ¿Qué significa esto? Básicamente, el eslogan creado por él: la War on Drugs. Y en el caso de México, durante la presidencia de Felipe Calderón, la política exterior mexicana con Estados Unidos privilegió también la lucha contra el crimen organizado, predominantemente el narcotráfico, y en la relación se le dio entonces un enfoque primordial a la seguridad (tenemos la Iniciativa Mérida y la Operación de la DEA Rápido y Furioso, por ejemplo).
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En este sentido, el enfoque punitivo para enfrentar al narcotráfico no es solo de uno o de otro país, sino que ha imperado en ambos y en la relación bilateral. Lo que se está vislumbrando, sobre todo en Estados Unidos, es que a nivel estatal este enfoque punitivo está cada vez desvaneciéndose más, y lo curioso es que sucede en estados tanto demócratas como republicanos. En el caso de México, con este dictamen y con las críticas que provoca su falta de alcance y el afán punitivo que permea todavía, es indiscutible que cada vez son más voces las que se escuchan sobre la necesidad de cambiar el enfoque a la hora de enfrentar el tráfico y consumo de drogas. ¿El cambio será a nivel estatal antes que a nivel federal como ocurre en Estados Unidos? Es una pregunta interesante que se responderá con el tiempo.
¿Por qué importa un cambio de enfoque para la relación? Porque desde hace tiempo y ahora, otra vez evidente a partir de las detenciones de Joaquín Guzmán, de García Luna y la detención y luego liberación de Salvador Cienfuegos, la seguridad cobrará un papel primario en la relación bilateral. Si con Trump la migración cobró tal importancia, es probable que en los próximos años la seguridad enfocada en el narcotráfico —presente no solo en México sino también en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala— sea un tema sensible. Y abordar este tema sensible con un enfoque ya no punitivo sino integral desde la salud, los derechos y la seguridad humana, puede marcar un parteaguas que beneficie la relación.
El presidente de México ha dicho que la despenalización de las drogas no será una prioridad de su gobierno, pero su homólogo electo Joe Biden sí ha hablado sobre la necesidad de un cambio hacia un enfoque de salud y derechos humanos. ¿Qué pasará? Lo veremos en los próximos años.