Este miércoles feministas de diferentes colectivos marcharon en Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia para todas las mujeres desaparecidas y asesinadas en el estado y el país, así como un alto a los feminicidios y todo tipo de violencia.
La movilización, en la que participaron cerca de 50 mujeres, inició a las 10:30 de la mañana y se dio en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Las activistas vistieron de negro y llevaban consigo banderas color violeta y pañuelos verdes.
Concluyeron con un mitin sobre la avenida Juan N. Álvarez, justo en el centro de la Capital.
Ahí leyeron un comunicado en el que invitaron a más mujeres a construir redes de apoyo, autocuidado y defensa, "por y para las mujeres, con la intención de resistir juntas ante las violencias machistas que atraviesan nuestra cotidianidad en esta cultura machista resguardada y sostenida por el estado patriarcal".
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Advirtieron que los casos de violencia contra las mujeres incrementaron durante el actual confinamiento por la COVID-19, incluso afirmaron que los feminicidios también han ido en aumento.
"Por ello hacemos un llamado enérgico a todas las instituciones competentes para tomar medidas emergentes durante esta pandemia, ya que cientos de llamadas son ignoradas por instituciones de seguridad pública, estas mismas son por violencia sexual, de pareja y familiar".
Criticaron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, los diputados locales y alcaldes solo simulan que atienden el problema, "realmente están viendo por sus intereses políticos para las próximas campañas electorales, y la vida de niñas, adolescentes y mujeres están en peligro durante el aislamiento en sus casas, nos estamos enfrentando a esta doble pandemia: el coronavirus y el machismo".
Las activistas exigieron a las diferentes autoridades garantizar los derechos a la salud reproductiva, la no revictimización, y la no discriminación de las mujeres guerrerenses.
Al Congreso le demandaron reformar el Código Penal del Estado para garantizar el acceso a un aborto a las víctima de una violación sexual, sin la necesidad de que intervenga el Ministerio Público; y al gobernador que ejerza su facultad de veto en caso de que el Poder Legislativo aplique reformas que atenten contra sus derechos.
Por: Carlos Navarrete Romero