PIENSA JOVEN

El poder de veto en el Consejo de Seguridad: ¿construye o impide la paz?

El Consejo de Seguridad se ha mostrado insuficiente para concretar procesos de consolidación de paz, y el poder de veto que tienen los cinco miembros permanentes ha fungido como una herramienta contraproducente que impide la sanción de crímenes internacionales

MUNDO

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Consejo de seguridad de la ONU.Consejo de Seguridad de la ONUCréditos: Foto: Especial

El Consejo de Seguridad es el órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, pero ¿realmente ha sido ésta la prioridad de los miembros permanentes, o es que sus ambiciones políticas y económicas permiten que se perpetren crímenes internacionales y que estos queden impunes?

De acuerdo con el artículo 23 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad (CSONU) está formado por cinco miembros permanentes con poder de veto: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Gran Bretaña; y diez miembros no permanentes, cinco de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General para cubrir un periodo de dos años. Para que una resolución se adopte, el proyecto de resolución debe contar con el voto afirmativo de nueve miembros del Consejo, incluidos los votos de los cinco miembros permanentes. Esto, a lo largo de la historia ha llevado a múltiples controversias, ya que se ha demostrado que los miembros permanentes utilizan su poder de veto para anular ciertas peticiones que van en contra de sus intereses políticos y económicos.

Por una parte, el veto se ha mostrado como una herramienta internacional que funge como solución para que ninguna potencia pueda realizar alguna acción sin que esté de acuerdo el resto, y que así, se cuente con el apoyo necesario de todos para que se efectúen correctamente las distintas tomas de decisiones. Por otro lado, esta herramienta ha causado múltiples quejas y sospechas por parte de la comunidad internacional, quienes, en su mayoría, se sienten inconformes de la falta de igualdad jurídica y representatividad universal.

Existen tres maneras para que un caso pueda ser sancionado por la Corte Penal Internacional (CPI). El primer procedimiento es por medio de la remisión de la situación por parte de un Estado; es decir, que el Estado mismo donde se cometen crímenes internacionales determine enviar su situación a la Corte, o a su vez, que un Estado pida que se abra el caso de otro Estado. La segunda manera es la remisión por parte del Consejo de Seguridad, quien tiene el poder de determinar si una situación debe atenderse en la CPI; y el tercer modo de lograrlo es que la misma fiscalía de la Corte determine, –a partir de la información que recibe y que tenga un fundamento razonable para creer que es competencia de la Corte– que se abra un examen preliminar. El problema en esta dinámica es que obligatoriamente, en el primer y tercer procedimiento, el territorio donde se cometió el crimen, o la nacionalidad del perpetrador deben de ser de un Estado que sea parte del Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI). La única manera en que la situación de un Estado no parte sea remitida a la Corte es por medio del Consejo de Seguridad (o si el propio Estado lo pide, algo difícil que suceda). Esto muestra el gran poder que tienen los miembros del CSONU para lograr que se lleven a cabo procesos de justicia para la consolidación de la paz. Sin embargo, han decidido en repetidas ocasiones anteponer sus intereses personales sobre los universales.

La situación de Darfur es un ejemplo interesante, ya que en un inicio fue vetada por China para ser mandada a la CPI, pero después de mucha presión social y política finalmente accedió a que se remitiera en 2005. Esto exhibe cómo –aunque solamente hay seis casos en la Corte, de los cuales se han emitido cinco órdenes de arresto y únicamente uno con fecha próxima de juicio, además de cuatro prófugos –, si el Consejo de Seguridad hubiera seguido sin remitir la situación, ni siquiera este pequeño avance de justicia sería posible. Lo anterior, evidencia la importancia del ámbito social y político, y cómo la presión desde estas esferas puede coaccionar a una superpotencia a hacer lo correcto.

Este tema, al analizarlo a profundidad, genera impotencia porque en la actualidad existen genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que no pueden ser sancionados, ni sus casos remitidos a la CPI debido a que existe un poder hegemónico intocable que acapara el sistema internacional. Ejemplos de ello son Siria, donde se cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y recientemente, en 2016, la comisión de investigación de la ONU ha calificado la situación como genocidio, con cinco delitos sistemáticos de esta índole. Por otro lado, está el actual caso de los Uigures, donde la esterilización forzada muestra indicios de que lo que sucede en la zona es un genocidio.

Ante la situación que nos encontramos, y la ineficiencia mostrada por parte del CSONU de hacer algo al respecto y sancionar crímenes internacionales, la comunidad internacional se ha dado cuenta de que no podrá hacer nada y que no habrá solución ante ello, por lo que muchas veces deciden callar y no enfrentarse a las potencias hegemónicas, y así no sufrir consecuencias políticas y económicas. Además, muchas de las órdenes de aprehensión de la CPI no se han podido cumplir debido a la falta de cooperación de la comunidad internacional en su totalidad. Esto a su vez, ha causado que algunos sucesos actuales donde se han cometido crímenes internacionales se hayan vuelto “conflictos olvidados”.

El veto ha sido usado como un arma disuasiva, un arma de doble filo que las potencias mundiales utilizan para no permitir que invadan su “soberanía nacional”. Se refugian detrás de ella para que no se investiguen los crímenes y violaciones que cometen; para permitir que su poder intocable predomine y para que puedan continuar haciendo lo que les plazca.

En el mundo de hoy, viviendo rodeados de conflictos armados y crisis humanitarias tan latentes, es inexplicable que aquellos con el poder de hacer algo al respecto, salvar vidas humanas y cambiar la realidad en la que vivimos, decidan voltear hacia otro lado. Es momento de replantearnos si somos egoístas por naturaleza y dejaremos que nuestras propias acciones acaben con la racionalidad y empatía humana, o si es momento de darle un giro a la historia de una vez por todas, quitándole el poder acaparado por tantas décadas a los miembros permanentes para lograr una mayor igualdad jurídica, justicia universal y representatividad, bases sobre las cuales debe fundarse una comunidad de derecho.

 Creo firmemente que debemos de repensar el poder del veto y darnos cuenta de que, aunque se nivelan los poderes hegemónicos mundiales, también se permite que se prolonguen crímenes internacionales que deben cesar. Estas potencias tienen el poder de acabar conflictos armados, violaciones sistemáticas de derechos humanos, masacres y asesinatos en masa. Tienen la capacidad de enviar a las personas culpables a la CPI y asegurarse de que se lleve a cabo un proceso de justicia digno. El problema es que no lo hacen. Para China, fue más importante seguir siendo el principal proveedor de armas del régimen de Omar Al Bashir y el principal inversor petrolero de Sudán. Para Rusia, es más importante seguir proveyendo armas al Estado Islámico; y para Estados Unidos, ha sido más importante mantenerse en silencio en situaciones donde se cometen crímenes atroces, ya que ellos también han hecho cosas “cuestionables”. El gran problema es que esto es un tipo de aquiescencia muy peligrosa, y esa es la triste realidad en la que nos encontramos. Es imperante en pleno siglo XXI reexaminar las facultades que le otorgamos a las potencias hegemónicas con el poder de veto que poseen, y buscar lograr un cambio sistemático.

mgm