Por Luciana Scherer Navarro
En nuestro país, los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) han combatido diversos obstáculos para llegar a ser reconocidos como un componente de justicia social. Antes del siglo XX los menores de edad no eran considerados sujetos de derecho, fue hasta la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que los menores de edad obtuvieron derechos propios y estatus legal. Las modificaciones a la Constitución mexicana en 2008 permitieron la creación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
Gracias a estas implementaciones los derechos de NNA comenzaron a ser formalmente protegidos. Igualmente se contó con la fundación del DIF en 1977 y el principio constitucional del interés superior de la niñez, el cual es un concepto jurídico que establece que se debe proteger su bienestar físico, emocional y social, contando con garantías para salvaguardar su desarrollo integral y sus derechos. Para llegar a esta protección se necesita considerar sus necesidades y contexto particulares. Por lo tanto, se deduce que los menores de edad tienen en sí mismos un supuesto de vulnerabilidad y, por lo tanto, hay que salvaguardar los derechos y el desarrollo integral del menor por encima de cualquier circunstancia.
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No obstante, aún con los cambios a lo largo del tiempo, hay una gran ignorancia dentro de la sociedad y dentro del propio sistema judicial sobre la representación legal especializada y competente en la protección de niños, niñas y adolescentes.
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En México, si analizamos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), podemos observar que los números que representan los delitos contra menores de edad son alarmantes. Entre enero y agosto de 2022 se reportaron 71 casos de feminicidio, 1,600 casos de corrupción de menores, 317 casos de trata de menores y 1,695 casos de homicidio doloso. Hay que considerar también que 95% de los delitos sexuales contra menores no son denunciados, en muchos casos por miedo a la revictimización y por la falta de una representación legal adecuada y especializada (INEGI, 2022).
El proceso judicial tradicional está estructurado para lidiar con adultos, lo cual puede ocasionar resistencia en los niños a la hora de iniciar un proceso judicial o formar parte como testigo. Los menores no cuentan con el conocimiento o la capacidad para entender las implicaciones de una denuncia, por lo tanto, necesitan un acompañamiento adecuado. La Ley Modelo de UNICEF y UNODC establece que los niños víctimas o testigos de delitos deben recibir asistencia de profesionales capacitados específicamente para tratar con menores, esto incluye abogados especialistas en ordenamientos jurídicos contemplados para menores y su acompañamiento.
En el caso de México se pueden observar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para poder representar legalmente a un menor de edad se necesita una certificación que acredite que los representantes legales como litigantes están preparados para representar a menores en un caso concreto. La certificación se adquiere tomando un curso, un diplomado o haciendo una especialidad en instituciones educativas. Dentro del establecimiento del sistema judicial especializado en menores de edad, se debe mencionar que los jueces deben de estar preparados para resolver un caso en donde esté implicado un menor de edad. El juez debe tomar en cuenta lineamientos para salvaguardar los derechos y el desarrollo integral del menor, al igual que deberá analizar su madurez, edad, situación social y otros aspectos relacionados con su contexto.
Paralelamente, es necesario que todos los profesionistas participantes en el proceso estén especializados en asuntos de menores, estos pueden ser profesionales de la salud encargados de acompañar al menor. Estos lineamientos son importantes para proteger el trato digno sin discriminación del menor. De igual manera se debe garantizar su privacidad y salvaguardar sus derechos contra cualquier tipo de interferencia innecesaria en su vida privada.
Según el Instituto Nacional de Migración en su artículo ‘Acciones para evitar la revictimización del niño víctima del delito’, es vital que durante el proceso judicial no exista ningún tipo de revictimización hacia el menor, para ello se debe proporcionar información clara y oportuna sobre sus derechos y el proceso judicial.
Dentro de los parámetros dictados por la UNICEF y UNODC, el menor debe disponer de acceso a información verídica sobre su caso desde el inicio del proceso hasta su terminación, paralelamente se deben aplicar mecanismos como la "opción negativa", donde la información relevante se proporciona de forma automática, a menos que el menor o su familia soliciten no recibirla, igualmente se implementan principios del derecho como el interés superior de la niña, niño y adolescente.
Por otro lado, La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México especifica que los adolescentes en conflicto con la ley no deben tener el mismo proceso que los adultos. Los menores no serán delincuentes sino infractores y se buscará su rehabilitación y reintegración social en lugar de su criminalización. Para salvaguardar esos derechos es necesario contar con asesores jurídicos especializados en dicha ley y con una interacción entre el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Educación Pública.
Por consiguiente, hay que poner énfasis en la asesoría jurídica adecuada para los casos en donde las víctimas o infractores son menores de edad. Esto es fundamental para poder mantener los lineamientos planteados en el ordenamiento jurídico, como el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes o la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, paralelamente se debe conocer el concepto jurídico del interés superior de la niñez y los tratados internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En conclusión, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema de justicia depende de la especialización de los asesores jurídicos y del establecimiento de procedimientos adaptados a las necesidades de los menores en cuestión, ya sea víctima o infractor. La falta de conocimiento sobre la suma importancia de esta especialización tiene consecuencias graves para la protección de derechos de un menor de edad, el cual tiene un supuesto de vulnerabilidad per se. En la cuestión de los despachos jurídicos privados, muchos desconocen la necesidad del certificado en cuanto la especialización del proceso judicial en donde participa un menor de edad, es decir, no es posible representar a un menor de edad sin ese certificado. Por lo tanto, es fundamental promover la capacitación adecuada de los profesionales del derecho y asegurar que el enfoque legal sea siempre en beneficio del menor, evitando su revictimización y garantizando su desarrollo integral.
XG
