El caso del Rancho Izaguirre no es el primero que ensucia, que tergiversa o que no investiga la Fiscalía de Jalisco, institución controlada todavía por funcionarios leales al exgobernador Enrique Alfaro.
Periodistas y académicos jaliscienses han documentado, por ejemplo, que Vanessa Gaytán, de 25 años, pidió ayuda 16 ocasiones antes de que su esposo la atropellara y apuñalara frente a Casa Jalisco, en abril de 2019. La última vez que Vanessa solicitó la intervención de la Fiscalía fue 12 días antes de su feminicidio. Otro caso emblemático es el del joven Giovanni López, asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, el 4 de mayo de 2020, por no usar cubrebocas. La Fiscalía guardó silencio casi un mes hasta que el asunto explotó en redes sociales con la viralización de un video del excesivo arresto de Giovanni. Miles de jóvenes protestaron frente a Palacio de Gobierno. Decenas de manifestantes fueron detenidos y al menos 27 fueron ‘levantados’ por agentes de la Fiscalía.
En ese mismo 2020, pero en diciembre, el exgobernador Aristóteles Sandoval fue asesinado en un restaurante–bar de Puerto Vallarta. Con los autores materiales prófugos, la Fiscalía y Alfaro dieron por resuelto el magnicidio, achacándole la autoría intelectual a un miembro del CJNG que el ejército mató en abril de 2022. José Manuel Sánchez Cruz, Manu Vaquita, el único detenido y procesado por el asesinato de Aristóteles, recuperó su libertad en enero de 2023. La Fiscalía también desvirtuó el crimen de Luz Raquel, de 35 años, quien falleció en julio de 2022 a consecuencia de las quemaduras por alcohol en el 90% de su cuerpo. La versión de que Luz fue atacada por sus vecinos en un parque cambió a que la víctima se autoagredió. En el caso de los siete jóvenes que desaparecieron en Zapopan y que trabajaban en un call center sin licencia, la Fiscalía concluyó que participaban en una red de estafa telefónicas y de ahí por qué cinco de ellos aparecieron muertos. Familiares acusaron que el CJNG mató a los chicos por negarse a ser reclutados.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024 del Inegi, la Fiscalía de Jalisco cerró 2023 con más de medio millón de carpetas de investigación abiertas, tan sólo en materia penal. Es decir: 19.91% del rezago nacional que en ese momento era de 2 millones 645 mil 284 investigaciones. La de Jalisco también es la fiscalía con mayor número de mandamientos judiciales sin cumplimentar: 28 mil 325. Según el Inegi, el 91.2% de los delitos que ocurren en Jalisco no se denuncian porque “la gente piensa que va a perder su tiempo” y porque “desconfía de las autoridades”.
Desde que se conoció del campo de adiestramiento en Teuchitlán hay quienes se han dedicado a culpar más a la también ineficaz Fiscalía General (cuyo titular parece embrollar más los hechos en vez de resolverlos) que responsabilizar a la Fiscalía de Jalisco. Muchos jaliscienses bien saben que el ex gobernador ha aportado su granito de corrupción e impunidad para que el estado sea la capital de las desapariciones. El propio Alfaro dijo en 2020: la Fiscalía está infiltrada por el crimen organizado. Vaya reto que tiene Pablo Lemus.
POR ALEJANDRO ALMAZÁN
COLABORADOR
@ELALEXALMAZAN
PAL
