Más de 150,000 personas desaparecidas y cerca de 200,000 homicidios ocurridos en años recientes, es una realidad impactante de México. Estas cifras no solo deberían causarnos indignación, sino estremecer la conciencia y unirnos para desterrarlas. Son números que representan historias, familias destruidas y una herida abierta y dolorosa.
No es menor lo que ocurrió en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco. Es sin duda, uno de los hallazgos más graves en la historia reciente del país, donde se encontraron restos humanos, evidencias de desapariciones forzadas, de homicidios y reclutamiento forzado.
Las autoridades han sido acusadas de omisas, negligentes e incluso indiferentes… permitieron el acceso a una clara escena del crímen, sin ningún tipo de cuidado, protección ni control, como si de un recorrido turístico se tratara, a periodistas, familiares y colectivos de buscadores, comprometiendo así la cadena de custodia y la validez de las pruebas.
Estas acciones no solo comprometen los procesos judiciales, representan una violación a los derechos humanos de las víctimas. Es revictimización, es desprecio institucional. Y lo más indignante es que, mientras tanto, quienes tienen la responsabilidad directa de dar la cara y responder por estas omisiones guardan silencio.
Han pasado días sin que se atienda de manera eficiente a las madres buscadoras. Días de silencio. Días en que los responsables no ha asumido su responsabilidad. Por eso hemos iniciado un contador que dé cuenta de los días que pasan sin atender esta crisis humanitaria, un recordatorio permanente de la indiferencia y la falta de empatía de quienes hoy ocupan el poder.
Mientras las madres buscadoras exigen ser escuchadas, el gobierno prefiere victimizarse por campañas en redes sociales antes que dar respuestas a las verdaderas víctimas del país y no aceptar que del 2019 a la fecha han dejado de ejercer más de mil millones de pesos que se han etiquetado en el presupuesto para la búsqueda de personas.
La crisis que vive México es el resultado de seis años en los que se entregó el país al crimen organizado. La estrategia de pacificación fue un fracaso rotundo, y las consecuencias están a la vista: un país desbordado por la violencia, con regiones enteras bajo control del crimen y un Estado que ha cedido su autoridad a los grupos delincuenciales.
Desde Acción Nacional no vamos a permitir que este tema se trate como un asunto menor o como un episodio más de la agenda mediática. Hemos votado a favor de leyes para fortalecer la seguridad. Hemos sido responsables, pero hoy damos un paso más firme y contundente: he instruido a nuestras bancadas a presentar una propuesta para la creación de una Comisión de Expertos Internacionales que investigue de manera imparcial y profesional no solo de lo ocurrido en Teuchitlán, sino todos los casos de desapariciones y homicidios vinculados a la crisis de seguridad que vive México.
En el Senado de la República se presentó un punto de acuerdo para solicitar la implementación de un Grupo de Investigación Interdisciplinario Independiente específicamente para el caso Teuchitlán. Morena y sus aliados rompieron el quórum con tal de evitar discutir el tema. Prefirieron dar la espalda antes que enfrentar la realidad y proponer soluciones de fondo.
Mientras tanto, la diputada Paulina Rubio ha señalado con claridad la raíz de esta crisis. Recordó que desde septiembre de 2023 advirtió el incremento en las desapariciones y presentó un punto de acuerdo solicitando información a la entonces secretaria de Gobernación sobre los avances del Centro Nacional de Identificación Humana, un proyecto que respaldamos para su creación y fue desmantelado en 2024. Morena ignoró la gravedad del problema, desechó su solicitud de información y permitió que la crisis creciera sin control. Lo que pasa en Teuchitlán es consecuencia de siete años de omisiones, de negación y de indolencia. Porque nunca vieron a los desaparecidos, ni a las madres buscadoras, y cuando se les advirtió lo que venía, eligieron maquillar cifras en lugar de enfrentar la realidad.
La Comisión debe garantizar una investigación seria, profesional y transparente, que deslinde responsabilidades y asegure que ningún funcionario, sin importar su cargo o partido, quede impune si ha incurrido en omisión o complicidad.
Pero además de ello hemos presentado propuestas para castigar con la pena máxima a quienes recluten menores en contra de su voluntad para formar parte de la delincuencia organizada, y a los funcionarios públicos que participen o colaboren con integrantes del crimen organizado y solapen sus actividades ilícitas.
No se puede seguir ignorando esta crisis. Lo que pasa en Teuchitlán es un reflejo de lo que viven miles de comunidades a lo largo del país. La desaparición de personas y la violencia homicida no conocen de colores partidistas ni de fronteras estatales. Es un problema nacional que exige una respuesta nacional.
Mientras Morena prefiere mirar hacia otro lado, en Acción Nacional estamos del lado de las víctimas, de las madres buscadoras, de quienes claman justicia y verdad todos los días. Las familias mexicanas no están solas. Cuentan con el PAN, que hoy más que nunca se mantiene firme, propositivo y comprometido con la verdad, la justicia y la paz.
POR JORGE ROMERO HERRERA
PRESIDENTE DE ACCIÓN NACIONAL
@JORGEROHE
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