Diputados potosinos caros, ineficientes y opacos

En el Congreso de San Luis Potosí la mediocridad es la norma, no la excepción. Según el último informe de la plataforma  Congreso Calificado, 26 de los 27 legisladores están reprobados, y algunos con números rojos. Pero eso sí, cada uno cobra $95,257.44 pesos brutos al mes, un sueldo difícil de justificar cuando el trabajo es mínimo y la preparación de casi todos deja mucho que desear.

La priista Sara Rocha Medina se lleva el premio a la peor evaluada. No sólo su productividad es nula, sino que además ha faltado a más de la mitad de las sesiones. Le sigue la diputada del PVEM, Roxanna Hernández Ramírez, cuya calificación negativa refleja no sólo su ineficiencia legislativa, sino también su actitud de confrontación con los medios de comunicación, a quienes ha atacado públicamente. Y cerrando el podio de la vergüenza está el petista Tomás Zavala González.

El informe, elaborado por Congreso Calificado, deja claro que la inoperancia legislativa es generalizada. Se han presentado 144 iniciativas, pero sólo han dictaminado 32, es decir, una de cada cinco.

A esto se suma el desprecio por la transparencia. El Congreso local incumple con la Ley de Transparencia, no publica agendas legislativas, oculta actas de comisiones y comités, y no establece mecanismos reales de vinculación con la ciudadanía, a pesar de tener presupuesto para ello. Sólo dos diputados –Marco Antonio Gama Basarte (MC) y Rubén Guajardo Barrera (PAN)– mantienen sus redes y páginas web actualizadas con información sobre su trabajo.

Además, los legisladores están obligados a presentar su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses), pero Carlos Artemio Arreola Mallol, de Morena, decidió ignorar este requisito.

El panorama es lamentable, diputados sin preparación, sin resultados y sin interés en rendir cuentas. Pero eso sí, el sueldo de casi 100 mil pesos mensuales sigue intacto. Mientras ellos cobran, San Luis Potosí sigue esperando que hagan su trabajo.
*
EN CORTO.- ¡Se acabó el blindaje! La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminar el fuero a legisladores y gobernadores no es sólo un acto de justicia, sino una advertencia para quienes han usado el cargo como escudo.

El caso más evidente es el de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena, señalado por corrupción y una denuncia por presunta violación. Sin fuero, su situación podría complicarse.

Pero el golpe también alcanza a Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI y senador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Como se adelantó en este espacio, la instrucción es clara: no habrá protección para nadie, sin importar el color político. Ahora la duda es: ¿cuántos dentro de la 4T acatarán la orden?

Nos vemos a las 8 por el 8 

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA
@SofiGarciaMX

MAAZ