El reciente anuncio del presidente Donald Trump acerca de la creación de una “reserva estratégica” de criptomonedas ha generado debates en el escenario financiero y regulatorio. Con una decisión que incluye al Bitcoin —cuyo valor ronda 90 mil dólares por unidad— y cuatro activos adicionales (Ethereum, XRP, Solana y Cardano), se contempla una maniobra que podría redefinir la posición de EU en el mercado global de activos digitales. La medida, que se financiará con Bitcoins incautados de actividades criminales y civiles, reviste un doble objetivo: transformar a EU en la capital mundial de criptomonedas y capitalizar activos existentes sin recargar el erario público, como expuso David Sacks, el autodenominado “zar de las criptomonedas” en la Casa Blanca.
Históricamente, las administraciones estadounidenses han adoptado posturas divergentes sobre las criptomonedas. Mientras el gobierno de Joe Biden había impulsado medidas contundentes contra posibles riesgos de fraude y lavado de capitales, Trump apuesta por una inserción más activa de estos activos en la política financiera nacional. La orden ejecutiva prevé, además, que los secretarios del Tesoro y de Comercio desarrollen estrategias para adquirir más Bitcoins, siempre y cuando estas acciones sean “neutrales desde el punto de vista presupuestario”.
Desde el ámbito optimista se destaca que utilizar activos ya incautados puede representar una estrategia de bajo riesgo para el erario público, pues en palabras de Sacks, “esto significa que no costará ni un centavo a los contribuyentes”. La idea es que, en lugar de incurrir en nuevas deudas o inversiones, el gobierno aproveche recursos disponibles para fortalecer su posición en un mercado que se mueve a gran velocidad.
Por otro lado, críticos como Charles Edwards, del Capriole Fund, han cuestionado el enfoque adoptado, calificándolo como “una mona vestida de seda”. La crítica se centra en la ausencia de compras activas que respalden la decisión, lo que podría interpretarse como una estrategia destinada más a la imagen que a la creación de un mecanismo robusto y transparente. Además, existen inquietudes sobre posibles conflictos de interés, dado el historial de inversiones del Presidente.
El impacto de esta orden ejecutiva trasciende las fronteras de EU. A nivel global, el anuncio ha provocado reacciones inmediatas en el mercado de criptomonedas. La transición desde un enfoque puramente regulador a uno que intenta integrar las criptomonedas en la política económica podría incentivar a otros países a evaluar estrategias similares, pero también subraya la necesidad de establecer marcos jurídicos claros.
La discusión también se extiende a la sostenibilidad económica del proyecto. Aunque la utilización de Bitcoins incautados minimiza la carga presupuestaria, la estrategia a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar activos de naturaleza volátil, sin afectar al mercado. La transición de un enfoque de bronca legislativa a medidas operativas conjuntas entre agencias gubernamentales será fundamental para determinar si esta apuesta se convierte en modelo a seguir o en un precedente que genere más incertidumbre.
POR ARMANDO KASSIAN
@ARKASMI
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