"En la era dorada de Donald Trump, solo tendremos migración legal y cero estadounidenses muriendo por fentanilo chino/mexicano/canadiense", afirmó un portavoz de la Casa Blanca al explicar las tarifas comerciales impuestas a los tres países.
Claro que la 'era dorada' parece depender más de la presión a otros que de políticas sociales propias o ayudar a resolver problemas de raíz, pero ese no es el punto de Trump. La explicación no dejó lugar a dudas sobre las verdaderas intenciones de una medida que, más allá de las consecuencias inmediatas, afecta las economías y complica enormemente la situación de los países involucrados.
La decisión, de acuerdo con el propio Trump, tiene poco que ver con el comercio –aunque parte del pretexto sean los superávits que los tres países tienen con Estados Unidos– pero sí con presionar con otros fines. En específico, el mandatario estadounidense señaló el sábado al tráfico de fentanilo y puso su eliminación como condicionante para eliminar o reducir las tarifas, con él y su gobierno como únicos jueces de los avances. En el caso de México, lanzó una acusación tan grave que debiera apoyar con detalles y pruebas, aunque sean aportadas por agencias que él mismo considera desconfiables.
Cierto que es posible que los cárteles hayan logrado infiltrarse en el gobierno, especialmente a niveles municipal y estatal, pero nadie sabe a ciencia cierta y más allá de algunas cuestiones circunstanciales –que incluso harían sospechoso al expresidente Andrés Manuel López Obrador– su impacto verdadero en lo federal.
Lo que sí es cierto, es que el gobierno federal debe combatirlos, como amenaza a la seguridad nacional de México por vía de Estados Unidos. El problema no es nuevo en todo caso. Viene desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984 y del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Kiki Camarena en 1985, en Guadalajara, y las sospechas en torno al involucramiento de instancias gubernamentales, en específico la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación a cargo entonces de Manuel Bartlett, y la tradicionalmente pésima relación con la Agencia Antinarcóticos (DEA) estadounidense, expulsada del país por López Obrador.
La situación no es fácil y pone al gobierno mexicano en una situación difícil. Por principio, no puede aceptar las acusaciones vertidas por Trump o quedarse de brazos cruzados en cuanto a las tarifas comerciales, pero tampoco puede dejar de esforzarse por salvar la principal relación comercial de México.
En términos reales, la lucha contra el narcotráfico se redobló mientras las medidas para limitar la llegada de migrantes desde Centroamérica se fortalecieron desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. En ambos casos se niega, en parte, por política doméstica, que sean respuesta a las quejas estadounidenses. Pero tanto por economía como por geopolítica, el gobierno Sheinbaum parece tener poco espacio de maniobra.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
COLABORADOR
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