Donald Trump lanzó la acusación y Claudia Sheinbaum no tardó en contestar. La Casa Blanca sugirió que en México hay una alianza con el crimen organizado, pero la Presidenta devolvió el golpe: si existe una alianza con los cárteles, está en las armerías de Estados Unidos, donde rifles de alto poder llegan con facilidad a manos del crimen organizado.
Y no es un simple discurso. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el 74% de las armas utilizadas por la delincuencia en México provienen de Estados Unidos. En 2020, la industria armamentista estadounidense produjo más de 11 millones de armas de fuego, casi el triple que en el 2000. ¿A dónde va buena parte de este arsenal? A las calles de México, donde los cárteles las obtienen sin mayor dificultad gracias a las ferias de armas sin control, la compra a través de testaferros y el tráfico ilegal a través de la frontera.
El gobierno mexicano ha denunciado este tráfico reiteradamente. Incluso ha presentado demandas contra fabricantes de armas, como Smith & Wesson y Glock, argumentando que facilitan el acceso de los cárteles a rifles de asalto y pistolas de alto poder. Pero en lugar de responder con medidas concretas, Washington prefiere culpar a México y evadir su responsabilidad en el problema.
Sheinbaum también dejó en claro que mientras EU no combate la crisis de fentanilo dentro de su propio territorio, México sí está haciendo su trabajo. Como prueba, mencionó el decomiso de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo, así como la detención de más de 10 mil personas vinculadas a organizaciones criminales.
Pero el mensaje no quedó sólo en el intercambio de acusaciones. México ya tiene listo su plan B, que será presentado el día de hoy. Un plan que no sólo responde a los intentos de Washington de trasladar su crisis a México, sino que refuerza la soberanía del país.
El sector empresarial ha cerrado filas con Sheinbaum y apoya las estrategias para hacer frente a los aranceles impuestos por EU. México tiene alternativas y está dispuesto a tomarlas.
La Presidenta lo dijo sin rodeos: “La soberanía no está en venta”. Estados Unidos puede seguir buscando culpables afuera o empezar a resolver su propia crisis. México, mientras tanto, ya está listo para el siguiente paso.
Si alguien cree que las decisiones de Donald Trump solo afectan a migrantes y empresarios, más vale que revise bien el panorama. Las drásticas medidas del nuevo presidente de Estados Unidos están a punto de pegar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo donde se revisan violaciones graves a los derechos fundamentales en América Latina.
Todo indica que la administración Trump dejará de financiar a la CIDH, lo que podría poner en riesgo investigaciones y resoluciones sobre desapariciones forzadas, abusos policiacos y violaciones a garantías individuales. En otras palabras, menos presión internacional para los gobiernos que acostumbran barrer sus crímenes debajo de la alfombra.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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