No es la primera vez que México enfrenta la presión injustificada e inadmisible de poderosas potencias extranjeras. A lo largo de su historia ha sufrido intervenciones, expansionismo, pérdida de territorio nacional, extracción de riquezas naturales y transferencia de recursos financieros. Ahora, las autoridades de los Estados Unidos de América han decidido afectar a México en tres frentes.
Por un lado, con la expulsión de mexicanos que laboran en aquel país; por otra parte, con la imposición de elevados aranceles a las exportaciones mexicanas; y, finalmente, con la calumnia contra el gobierno de México, tratando de asociarlo al narcotráfico para debilitarlo políticamente y justificar el intervencionismo.
Estas decisiones afectan prácticamente a todas las clases sociales en México. Apuntan contra los trabajadores humildes que buscan empleo, pero también contra grandes empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos.
Están fundadas en una singular convergencia de intereses económicos oligárquicos, proteccionismo y reacción frente a la emergencia de nuevas potencias económicas.
El doble discurso norteamericano sobre el libre comercio se expresa de forma extrema. Si ya históricamente ha protegido sus productos industriales y agropecuarios frente a sus similares competitivos de otros países, ahora busca anular el libre comercio que promovió ideológica, política y económicamente en una región potencial y sumamente prometedora.
La lógica del actual gobierno estadounidense va contra todo lo construido en tres décadas, contra los propios intereses de empresas y consumidores de aquel país y contra toda la lógica de un mundo que se globalizó en grandes regiones de desarrollo.
De alguna forma, también retrocede en su propio discurso hegemónico y voltea hacia el pasado, hacia los modelos de sustitución de importaciones que desde esa potencia mundial obligaron a los países del tercer mundo a terminar.
Es como si desde Washington primero exigieran a los demás países: "¡derrumben sus aranceles!"; para después anunciar: "¡ahora yo voy a subir mis aranceles!".
Estados Unidos tiene el derecho a discutir sus propias políticas económicas, de reconsiderarlas si así lo decide; pero no tiene derecho de imponerle a los demás criterios que no se impone a sí mismo y menos aún de culpar de sus propios problemas a los países que más le han ayudado, como México, que le ha aportado trabajadores, comercio, mercado, capitales.
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está enfrentando este desafío con firmeza y patriotismo, pero también con inteligencia y estrategia, para cuidar el bien superior: el interés de todo México.
Es hora de unidad nacional y de defender lo que significa México.
POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
DIRECTOR DEL ISSSTE
PAL
