2025 será el escenario en el que la ciudadanía en México habrá de enfrentar el reto de la definición de su interés y determinación para participar en el desarrollo democrático de la República. Por una parte, más de 33 organizaciones buscarán constituirse como partidos políticos nacionales; y por otra, se habrá de desarrollar el inédito proceso para la elección de las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de 18 entidades federativas.
Ambos procesos tendrán como eje articulador la participación ciudadana al margen de los partidos políticos con registro. Y es que la convocatoria a la ciudadanía, por parte de conocidos ex militantes partidistas, para sumarse a la integración de nuevos partidos será un termómetro social para advertir con mayor precisión el nivel de deterioro y de rechazo al papel de los partidos y sus dirigencias. Y con relación a la elección extraordinaria del Poder Judicial, será un efectivo instrumento de medición de la capacidad de las organizaciones ciudadanas para actuar e influir en los resultados de un proceso electoral sin la intervención de los partidos políticos.
No debe pasar inadvertido que la elección de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial que se llevará a cabo el 1 de junio del presente año, será la primera en la historia democrática de México en la que los actores principales serán las y los ciudadanos y su capacidad de decidir, es decir, de ejercer el poder de su voto, sin intermediación partidista, sin plataformas de oferta electoral clientelar, y sin financiamiento público ni privado para la realización de campañas que inviten al voto por un partido o coalición electoral.
De acuerdo con el diseño del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación en el que se elegirán 881 cargos para los que se postularán hasta cinco mil 379 candidaturas, las y los candidatos sólo podrán realizar campaña proselitista en las actividades, foros y debates que organice el INE y las organizaciones de la sociedad civil en el marco regulatorio que establezca la propia autoridad electoral. La promoción del voto y la concurrencia a las urnas de un número de electores que supere el umbral del 25% de participación, habrá de ser una tarea centrada en la capacidad de la ciudadanía para generar alternativas organizativas viables.
Será un proceso que pondrá a prueba la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones gremiales, de organizaciones empresariales y productivas, de movimientos cívicos, académicos y de liderazgos territoriales, para participar en la reconstrucción del Poder Judicial en nuestro País; y será también el mejor momento para confirmar la efectividad en la operación política de las estructuras sociales de apoyo al régimen de gobierno de la 4T, para lograr convertir los votos recibidos el 2024 y el respaldo popular que señalan las encuestas en sufragios que legitimen el resultado de la elección.
Sin duda, el proceso electoral del Poder Judicial es también terreno fértil para la desconfianza, el recelo, la sospecha y la descalificación de quienes consideran, con argumentos basados en sus convicciones personales ideológicas o políticas, que se trata de un ejercicio para destruir a uno de los Poderes de la República. Toda transición está cargada de incertidumbre.
El hecho es que la elección se va a realizar y México no se encuentra en una recesión cívica como lo pregonan algunos agoreros del fracaso de nuestra democracia. En nuestro país existe una robusta sociedad civil que desde los distintos segmentos poblacionales es capaz de abordar la democracia participativa como la mejor fuente de empoderamiento ciudadano.
POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES
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