La participación ciudadana es un elemento básico en la construcción y fortalecimiento de la democracia. En la medida en que las personas se involucran de manera más directa en los procesos de toma de decisiones y el desarrollo de las funciones estatales, se garantiza en mayor medida que exista representatividad; es decir, que aquellas personas que ocuparán algún cargo de autoridad sean producto o reflejo de la voluntad popular y que, en razón de ello, asuman una mayor responsabilidad y compromiso ante la ciudadanía que los ha elegido, y a quienes en principio se deben.
Asumiendo el esquema tradicional de división de poderes, la representatividad se ha considerado como un factor indispensable y necesario para la debida y mejor integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el caso del Poder Judicial, si bien es generalmente aceptada la conveniencia de que exista algún tipo de vínculo entre la ciudadanía y aquellas personas que tendrán a su cargo la función jurisdiccional; por otra parte, diversas voces han sostenido que al tratarse de una función eminentemente técnica, elegir a quienes juzgan podría resultar incluso contraproducente para garantizar el profesionalismo y regularidad en el ejercicio de dicha función.
En México, la más reciente reforma Constitucional en materia judicial asumió el reto de la representatividad de aquellas personas que integrarán el Poder Judicial, proponiendo un esquema en el que se combina la elección directa de las y los juzgadores con mecanismos de selección que buscan garantizar la idoneidad y profesionalismo de quienes sean candidatos, un proceso que actualmente se encuentra en pleno desarrollo y que está por entrar en una de sus etapas más complejas, que requerirá el compromiso y participación activa de la ciudadanía para que la expresión de la voluntad que hagan, mediante la emisión de su voto el próximo 1 de junio de 2025, efectivamente fortalezca y marque una nueva etapa en la impartición de justicia en nuestro país.
El voto para esta elección judicial claramente tendrá que preservar los requisitos de secrecía y libertad, que son inherentes al sufragio en los procesos de elección ordinarios; sin embargo, requerirá de manera muy importante que la expresión de voluntad que haga la ciudadanía se realice de forma informada y responsable. Un punto que deberán tener en claro quienes vayan a votar es que esta elección no es, ni puede ser, de partidos políticos o afinidades ideológicas.
Fundamentalmente lo que se tiene que elegir son perfiles y capacidades de quienes van a hacer efectivo nuestro derecho humano de acceso a la justicia, aplicando con rigor y pertinencia la ley, a efecto de garantizar que las controversias y diferendos que lleguemos a tener quienes habitamos en este país, sigan encontrando cauce de solución en el derecho y las instituciones, por encima de mecanismos y soluciones al margen de la ley.
Después de una primera etapa, que no estuvo libre de diversos retos y desafíos, el Instituto Nacional Electoral publicará la lista que le envíe el Senado de la República, luego de que haga las correcciones de las personas candidatas al proceso electoral del Poder Judicial Federal, con lo cual dicho proceso entra en una de sus etapas más complejas que requerirá generar las condiciones para que las y los ciudadanos estén en posibilidades de conocer los perfiles académicos y profesionales de quienes aspiran a ocupan un cargo como ministros, magistrados o jueces, a efecto de que puedan formarse una opinión razonable e informada sobre los mismos.
El reto es enorme y el que se pueda superar dependerá no sólo de la disponibilidad y capacidad de las autoridades electorales para hacer pública y accesible dicha información, sino también del interés, compromiso y responsabilidad de la ciudadanía por conocer a quienes les impartirán justicia y propiciar que sean electos las personas que garanticen mayor conocimiento, experiencia, independencia y compromiso social en su desempeño.
LIC. ANTONIO HOLGUIN ACOSTA
VICEPRESIDENTE DE HERALDO MEDIA GROUP Y GRUPO ANDRADE
EEZ
