Con apenas 10 meses de diferencia, en 2019 y 2020, dos personajes clave en materia de seguridad pública fueron detenidos y acusados por el gobierno de Estados Unidos de estar vinculados con los cárteles de las drogas en México, ambos durante el primer periodo de Donald Trump.
Uno, hoy está sentenciado y ha sido utilizado en la narrativa oficialista, anclada en el pasado, para evadir la responsabilidad de combatir al crimen organizado; el otro, fue liberado gracias a la intervención del gobierno mexicano, cuyo titular, paradójicamente al momento de la detención, lo había puesto como “la muestra de la descomposición del gobierno a manos de la corrupción”.
Con las declaraciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los testimonios de Jesús “El Rey Zambada”, Edgar Veytia “El Diablo”, Harold Poveda “El Conejo”, Oscar Nava “El Lobo”, Sergio Villarreal “El Grande”, entre muchos otros capos de la droga, Genaro García Luna fue condenado por la justicia y también por la opinión pública.
No fue así con el general Salvador Cienfuegos, pues fueron insuficientes las mismas acusaciones y los mensajes de Blackberry entre integrantes del grupo delictivo de los Beltrán Leyva y el militar, interceptados por la DEA para juzgarlo y condenarlo. Las “razones diplomáticas” pesaron más que las razones jurídicas.
El exsecretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, además de ser liberado por el gobierno morenista de López Obrador, fue hasta condecorado y hoy es ferozmente defendido por el segundo piso de la transformación, luego de su reaparición pública en la “Marcha de la Lealtad” (valdría la pena preguntar ¿a quién?).
El tema sigue vigente por el aumento de la violencia en el país y la incapacidad gubernamental para combatir a los grupos delictivos, pero especialmente, por la impunidad que se fortalece con la complicidad que hoy se tiene con los poderes fácticos. En México no hubo información clara sobre la supuesta investigación que se realizaría una vez extraditado el militar; para nadie es desconocido que, desde hace seis años, la Fiscalía General de la República es más un despacho privado de Alejandro Gertz Manero, que un espacio para la procuración de justicia.
La captura de “El Mayo” -también por parte de los Estados Unidos- desnudó una capa más de la peligrosa relación entre autoridades y delincuentes, a tal grado de que México es considerado, por propios y extraños, como un narco-Estado, datos oficiales e indicios lo van comprobando.
Por más que lo quieran, es inevitable que el tema de la inseguridad y las graves acusaciones al gobierno sobre sus peligrosas relaciones u omisiones se aborde también en las mañaneras. Pero es absurdo, por decir lo menos, el nivel de la discusión.
Escuchar a la titular del Ejecutivo Federal “conminar” a una reportera de Proceso a hacer la investigación “completa” sobre Cienfuegos y presentársela, resulta inverosímil porque es obligación constitucional del gobierno rendir cuentas y dar las explicaciones. ¡Vaya forma de evadir responsabilidades y convertir un tema de Estado en la férrea defensa de la ineficacia de gobernantes, por más populares que sean!
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la continuidad de los gobiernos morenistas en México, nos mantendrán al menos los siguientes cuatro años, en discusiones públicas superficiales. La narrativa oficial girará en torno a: si somos o no nacionalistas, si permitimos o no “invasiones extranjeras”, si la culpa es de García Luna o si el gobierno es víctima de los adversarios.
Gran pesar para todos porque hasta ahora nada se ha transformado para bien: las cifras de homicidios dolosos van en aumento, la violencia mantiene municipios enteros replegados y, lamentablemente, tenemos un gobierno que celebra el “cambio de régimen”, con la destrucción de las instituciones.
Lo cierto, es que muchas preguntas sobre la estrategia de seguridad de la actual administración, basada en cuatro ejes, no tienen aún respuesta:
1. Atención a las causas
¿Cuáles son los indicadores de medición que existen para definir si en realidad se están resolviendo las necesidades de los mexicanos?
¿Tienen todos acceso a salud, educación y cubren sus necesidades de desarrollo?
2. Fortalecimiento de la Guardia Nacional:
¿Sus integrantes tienen formación para la seguridad pública?
¿Son una policía civil, migratoria o de primer contacto?
¿Hay presupuesto suficiente?
3. Inteligencia e investigación:
¿Cuál es el plan de política criminal del gobierno?
¿Cuántas cuentas del crimen organizado se han congelado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera?
4. Coordinación:
¿Con quién?
¿Con las autoridades que están señaladas de vínculos con los grupos criminales?
En tanto estás preguntas -y muchas otras-, no tengan respuesta por parte del gobierno federal, México seguirá en llamas.
POR ADRIANA DÁVILA
POLÍTICA Y ACTIVISTA
PAL
