El presidente Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que delinean su enfoque hacia México y el resto del mundo. Estas medidas, que abarcan migración, comercio, seguridad y política cultural, ya han provocado reacciones y desafíos legales.
En mi Linkedin está disponible un análisis del discurso inaugural de Trump mediante el cual se precisan los temas que impactan directamente a la relación bilateral EE.UU.-México, así como las acciones presidenciales que se le relacionan. Motivo por el cual, me di a la tarea, con el apoyo de la inteligencia artificial, de correlacionarlas vis-à-vis con las disposiciones constitucionales que las fundamentan, para después analizar sus posibles contradicciones, atento a que reitero que la lucha jurídica deberá realizarse en las propias Cortes de los Estados Unidos de América.
La razón es simple: las órdenes ejecutivas deben sujetarse a la Constitución. De ahí que el papel del Gobierno Mexicano deberá implementar acciones concretas, tales como el acceso a la representación jurídica gratuita y diplomática de los inmigrantes indocumentados en los procesos de deportación exprés, haciendo valer el debido proceso (ser escuchados en las Cortes, recibir la notificación adecuada del procedimiento en su contra, representación legal, y acceso a la apelación, con fundamento en las enmiendas Quinta y Decimocuarta), la presión diplomática, la presentación de Amicus Curiae en los juicios correspondientes, y la activación de los mecanismos de resolución de disputas contemplados en los Tratados Comerciales o co-litigarlos con países que sufran de las mismas políticas, caso Colombia.
Aquí el resultado:
1. Deportación masiva y seguridad nacional: Trump ordenó la deportación de inmigrantes indocumentados y la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y el sistema de admisión de refugiados. Base constitucional: Artículo II, Secciones I y II de la Constitución de EE.UU., que otorga al presidente autoridad para dirigir políticas de inmigración mediante órdenes ejecutivas, así como la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.
2. Tarifas bajo la política “America First”: La imposición de aranceles como parte de su estrategia proteccionista busca reforzar la economía interna. Base constitucional: Artículo I, Sección 8, que otorga al Congreso la facultad de regular el comercio exterior, pero la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente tomar medidas unilaterales en casos de comercio desleal.
3. Cárteles como organizaciones terroristas: La calificación de los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras habilita al gobierno a utilizar herramientas militares y financieras para combatirlos. Base constitucional: Artículo II, Sección 2, como comandante en jefe, y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
4. Reevaluación de la ayuda exterior: Trump propuso redirigir recursos destinados a ayuda exterior bajo el lema de “América Primero”. Base constitucional: Artículo II, Secciones I y II, relacionado con la conducción de la política exterior, aunque está sujeta a la supervisión del Congreso.
5. Fin del Lawfare: Trump emitió una orden para limitar lo que calificó como uso político de las instituciones federales. Base constitucional: Artículo II, Sección I, relacionado con la autoridad ejecutiva del presidente, pero también plantea posibles conflictos con el Artículo III, que establece la independencia del Poder Judicial.
6. Política energética pro-fósil: La declaración de emergencia energética nacional y el abandono del Acuerdo de París priorizan la explotación de combustibles fósiles. Base constitucional: Artículo II, Sección III, que permite al presidente recomendar medidas al Congreso, en conjunto con la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.
7. Guerra cultural de género: Trump declaró que solo existen dos géneros, masculino y femenino, ordenando que las políticas federales reflejen esta visión. Base constitucional: En conflicto con la Decimocuarta Enmienda, que garantiza igualdad ante la ley, y con precedentes judiciales como Bostock v. Clayton County (2020), que amplió protecciones contra la discriminación.
8. Restricción a la nacionalidad por nacimiento: Uno de los decretos más controvertidos es el que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que ha generado múltiples demandas legales. Ya enfrenta suspensiones temporales por parte de jueces federales, como se detalla en un reciente artículo de AP News. Base constitucional: En conflicto con la Decimocuarta Enmienda, que establece el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
9. Sentido divino de su Presidencia: Tras un atentado contra su vida, Trump declaró que su mandato tiene un propósito divino, reforzando su narrativa como “salvador de América”. Su discurso apela a la Primera Enmienda sobre libertad de expresión y religión.
Desafío Constitucional
Ahora bien, las recientes órdenes ejecutivas emitidas por Trump están generado una serie de acciones legales que cuestionan su constitucionalidad. A continuación, se detallan algunas de las acciones presidenciales más controvertidas y los casos legales asociados:
Eliminación de la ciudadanía por nacimiento: El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres sin estatus legal en Estados Unidos. Esta medida ha sido objeto de múltiples demandas que argumentan su inconstitucionalidad, ya que contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país. Un juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente esta orden, calificándola de “descaradamente inconstitucional”.
Restricciones a los derechos de las personas transgénero: Otra orden ejecutiva declara que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y ordena que las políticas federales reflejen esta visión. Esta medida podría enfrentar desafíos legales basados en la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la igualdad ante la ley, y en precedentes judiciales como Bostock v. Clayton County (2020), donde la Corte Suprema determinó que la discriminación por identidad de género está prohibida bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Clasificación de cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras: La designación de cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras permite al gobierno utilizar herramientas militares y financieras para combatirlos. Sin embargo, esta acción podría ser impugnada legalmente si se considera que excede la autoridad presidencial o que infringe derechos constitucionales. Bloomberg informó de que tal designación «corre el riesgo de crear un efecto amedrentador en las firmas financieras y otras empresas ante el temor de que puedan enfrentarse a graves sanciones incluso por servir o pagar a delincuentes de forma involuntaria», por lo mismo tienen el incentivo de impugnar su constitucionalidad ante las Cortes Estadounidenses, de hecho y citando a antiguos funcionarios, la agencia de noticias afirmó que «es especialmente probable que el sector bancario mexicano adopte un enfoque más conservador en la concesión de préstamos y otros servicios, dado su papel de intermediario en las transacciones.», por lo que se estima que para evitar dichas sanciones, sus sedes corporativas en Wall Street llevarán a cabo su defensa legal de forma muy discreta.
Políticas energéticas y ambientales: La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la promoción de políticas pro-fósiles podrían enfrentar acciones legales, especialmente si se argumenta que el ejecutivo está incumpliendo leyes ambientales federales o tratados internacionales ratificados por el Senado. No obstante, la autoridad presidencial en política exterior y ambiental es amplia, lo que podría dificultar estas acciones, como lo demostró Trump en su primera presidencia. Las órdenes ejecutivas aún están en las primeras etapas de litigio, y sus resultados dependerán de futuras decisiones judiciales. La interacción entre las acciones ejecutivas y el poder judicial será crucial para determinar la constitucionalidad y la implementación de estas políticas, por tanto, la lucha por equilibrar estas medidas ejecutivas con los principios democráticos establecidos en la Constitución de EE.UU. será clave en los próximos meses.
POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES
COLABORADOR
EEZ
