Ha iniciado la puesta en marcha de la Reforma Judicial en México con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en relación con la elección judicial, sin embargo, no hay una brújula clara de cómo instrumentar la criticada jornada electoral.
Lo cierto es que aún no hay certidumbre de qué tamaño será este proceso electoral judicial, para muestra basta decir que en días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la modificación a diversas disposiciones relacionadas con el plan de pensiones complementarias para Jueces y Magistrados Federales, a las cuales, con mucha sensatez y honradez, quienes cubren estos requisitos están optando por su merecida jubilación, luego entonces, no hay número cierto de vacantes sujetas a elección.
Esto debe llamar la atención urgente, pues estos órganos jurisdiccionales de quienes opten por jubilarse quedarán acéfalos hasta el día de la elección y si bien habrán secretarios encargados del despacho, no es lo deseable para una sana impartición de justicia.
Volviendo a la elección es de mencionarse que no existe una distritación judicial, pues no puede utilizarse la que se ocupa para la elección del legislativo y ejecutivo, pues responde a una localización geográfica y demográfica distinta a la actual competencia de los tribunales y juzgados federales.
Esto sin dejar de advertir que esta nueva distritación judicial, en una sana lógica de congruencia, debe ser acorde a la que se haga por los organismos electorales locales para la respectiva elección judicial local en los Estados de la República, pues sobre estos ejercerán su jurisdicción los Tribunales Federales, lo cual debe ser claro por un principio de certeza jurídica para los justiciables.
De igual forma requiere vincular los presupuestos, es decir, los dineros, para llevar en los mismos tiempos las primeras elecciones federales y locales judiciales, podría llegar a sonar incongruente y falto de seriedad por el Estado Mexicano, que llegarán a existir tribunales federales de elección popular que ejerzan jurisdicción sobre tribunales locales que no lo sean.
Además, también está pendiente la importante reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe dar la pauta para la estructura, organización y funciones concretas del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto debe ser de resolución inmediata por el Poder Legislativo.
Por último y no por ello menos urgente, se debe hacer la reforma a la Ley de Amparo.
En suma, el Poder Legislativo aún tiene temas urgentes de legislar en materia judicial, es inmediato para los legisladores y legisladoras dejar de celebrar o reclamar la reforma constitucional judicial y poner manos a la obra con toda seriedad a las leyes secundarias que darán soporte al largo camino judicial aún por recorrer.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EEZ
