A propósito de la reforma al Poder Judicial Federal, la desmesura y la hipérbole cabalgan en México a galope tendido. Montan una cabalgadura llamada catástrofe.
La democracia está en extinción, dicen.
La República murió.
La división de poderes se canceló.
López Obrador dio un golpe de estado.
La independencia del Poder Judicial se anuló.
Es una cabalgata sin freno, pero evanescente porque la catástrofe múltiple de la que hablan sólo existe en la mente de los mismos jinetes políticamente apocalípticos que la proclaman y en los medios de comunicación que la reproducen acríticamente.
¿Cómo puede extinguirse la democracia cuando se pone en manos del electorado la designación de los funcionarios del tercer poder, el Judicial, el único que no nacía directamente de la voluntad popular?
¿Cómo puede morir la República cuando una mayoría del electorado dio un contundente respaldo al movimiento que, en su fase de gobierno, generó condiciones y beneficios tangibles de reivindicación para colectividades que tradicionalmente erandestinatarias de demagogia y migajas presupuestales? ¿Cómo no entender que esas masivas votaciones dieron su aval para el cambio de régimen que López Obrador inició y del que forman parte las iniciativas enviadas en febrero por AMLO al Congreso?
¿La división de poderes se canceló? Esa es una extraña manera de interpretar la cesión que hacen el gobierno federal y Morena de los nombramientos de juzgadores federales y estatales, que de otra suerte les correspondería hacer al oficialismo, habida cuenta de que poseen la Presidencia y las mayorías legislativas suficientes en el Senado y los congresos estatales.
¿Golpe de estado? Risible afirmación. La reforma al Poder Judicial se ha hecho conforme lo establecen la Constitución y las leyes. Eso sí, con indeseable rapidez y con prácticas deplorables en el Senado. ¿Que hubo presiones sobre los senadores en el tramo final de la aprobación legislativa? Cierto, pero -ojo- las presiones ocurrieron sobre todos los legisladores y las hicieron el oficialismo y la oposición. Ninguna de las partes dejó en libertad a sus senadores para votar. Sin esas presiones y sin la amenaza de ser considerados traidores si sufragaban diferente a la consigna partidista, muy probablemente el resultado de la votación habría sido distinto y no necesariamente negativo.
Ahora bien, mientras la cabalgata catastrofista corre a galope tendido, las mayorías de la sociedad nacional, muy ajenas a tales decires, celebraron con notable entusiasmo las fiestas patrias y vitorearon al Presidente que deja el poder (contra el viejo augurio de que intentaría la reelección) con envidiables niveles de aprobación.
Además, una encuesta de El Heraldo de México y QM Estudios de Opinión arrojó que 53.3% de encuestados está a favor de la reforma judicial (34.2 en contra y 12.5 no contestó). Un porcentaje mayor, 60.2%, opinó que los ministros de la Corte deben ser elegidos por voto popular.
¿DESACATO, CRISIS CONSTITUCIONAL?
En muchos medios se ha dado voz y resonancia a quienes se rasgan las vestiduras porque el gobierno supuestamente desacató fallos contra las reformas constitucionales. No hay tal desacato, pero sí extralimitación de algunos juzgadores que, a sabiendas de que carecían de atribuciones, emitieron diversas resoluciones para frenarlas.
Algunos juzgadores incurrieron en la desmesura de pretender ordenarle al Congreso de la Unión que no discutiera ni dictaminara la iniciativa respectiva, con lo cual interfería las facultades soberanas del Poder Legislativo. Además, concedieron suspensiones a pesar de que expresamente el Artículo 61 de la Ley de Amparo establece que este juicio es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución
Por otra parte, se amenaza con acciones de inconstitucionalidad, pero nadie cumple los requisitos para presentarlas, además de que esos recursos son improcedentes contra el contenido de reformas a la carta magna. Sin embargo, algún partido podría intentar la vía argumentativa de que la reforma incluye asuntos electorales.
Queda la posibilidad de impugnar el procedimiento que condujo a la reforma judicial ya aprobada, publicada y vigente, pero si la Suprema Corte admitiera el recurso, quedaría en la singular situación de que los ministros son parte directamente interesada y, además, todos han tomado partido a favor o en contra de la reforma y, por tanto, ética y formalmente estarían impedidos de conocer del asunto.
En el improbable e indeseable supuesto de que la Corte admitiera y resolviera en contra de la reforma, México entraría en una severa crisis constitucional. Quiero pensar que no habría en la SCJN una mayoría que se pronunciara en tal sentido.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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