El ácido de lo judicial ha permeado a México y erosionado todo atisbo de encuentro en torno a la Reforma Judicial, el arte de la política no logró un consenso medianamente plausible alrededor de ella.
Es innegable que la Reforma Judicial ha provocado una verdadera movilización social, en contra y a favor, no solo en las calles, donde tradicionalmente se percibe esto, sino al interior de instituciones privadas y públicas.
Las posiciones en torno a lo que se debe entender en su contenido y alcances por democracia, división de poderes, sobrerrepresentación e independencia judicial, entre otros conceptos, ha hecho que las instituciones se dividan, sin lograr ningún acuerdo de unanimidad al respecto.
Estamos presenciando que, al interior del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Instituto Nacional Electoral, el tema judicial fue un ácido que llegó a perforar hasta lo más profundo de sus cimientos.
Los sectores sociales como empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, la iglesia y la academia, y sobre todo las juventudes universitarias, se han pronunciado en este debate.
En función de la aprobación del dictamen que se presentó al Pleno de la Cámara de Senadores, lo que ahí se legisle, todos los actores, no deben entenderlo como cincelado en piedra, no será triunfo de nadie ni derrota de algunos, la
seguridad jurídica del pueblo de México no es cuestión de vencedores y vencidos.
Las instituciones públicas deben evolucionar, los cambios son connaturales a cada momento de la historia, quienes son los responsables de ellos deben saber leer los problemas que se enfrentan e identificar las mejores soluciones posibles.
Esta reforma tendrá efectos inmediatos, si bien es cierto que con toda seguridad no va a resolver mágicamente todos los problemas de lo judicial, lo que no puede suceder en un futuro es que los vaya a hacer más graves.
Las letras de la reforma aún escritas en nuestra Constitución sufrirán del ácido judicial, ya se verá su resistencia y consistencia, no se debe apostar a que todo fracase, sería una sinrazón, pero sí debemos entender que todo en la vida tiene ajustes y esta reforma no será la excepción.
La pretensión de mejorar la justicia no debe darse a cambio de sacrificar el orden institucional por nadie, mucho menos en demérito de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución.
Estamos iniciando una etapa que tendrá larga data de cambios en México en materia de justicia, es una realidad distinta a la de ayer, pero todos debemos seguir empujando por siempre mejorar, la República lo vale.
POR ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PAL
