Los consensos, disidencias y coincidencias, considero, son el crisol que mantiene a una democracia, a una que se jacte de ser plural e incluyente. El pueblo somos todos, si por pueblo asumimos a todos y cada uno de los ciudadanos, sin distinción, sin ideología, sin divisiones. Con esa convicción acudí por segunda vez a uno de los foros organizados por el Congreso a propósito de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Diversas voces resonaron, no sólo críticas, sino también propositivas, preocupadas, y analíticas, como fueron Luis Pereda, Jaime Moreno, Adriana García, Raúl Contreras, que en sus breves 5 minutos lograron desdibujar los problemas que tiene la elección popular, tal como está planteada, de las personas juzgadoras. Sus voces claras y firmes se encontraron con un foro que, en lo general, poco dispuesto está a reconfigurar la iniciativa. Pienso que son, como muchos que participaron en los diálogos, valiosos para la construcción de una reforma que apunte hacia la mejora.
La resonancia se dio cuando, más allá de mis intenciones de sumar alternativas, puse a consideración del público que esta reforma, surgió del desánimo presidencial por algunas resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se me respondió enseguida con la afirmativa de que esta reforma surgió “del clamor popular”. La verdad y la claridad es un principio fundamental para el Estado de Derecho. Días después, el Presidente afirmó que su molestia se debe “[…] a que se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque esta echado a perder el Poder Judicial, predomina la corrupción”.
Curioso me ha resultado esto, curioso y fundamental destacar, porque varios ponentes, partidarios de la reforma, no solo afirmaron que ésta no busca acabar con la corrupción, sino que retaron a demostrar en qué parte de la iniciativa se establecía tal finalidad. Si acabar con los casos de corrupción no es el objetivo inmediato de esta reforma, ¿entonces cuál es el propósito concreto? Para mí, lo que resulta apremiante, no es legitimar con el voto popular a candidatos extraídos de listas políticas para que funjan como juzgadores. Si se va a emprender una reforma tan costosa, en todos los niveles, considero que el propósito debería ser otro: terminar con la impunidad y con la corrupción en el sistema de seguridad pública y acercar una justicia pronta e imparcial a la ciudadanía.
Necesitamos tener plena certeza en la construcción de nuestras instituciones, no solo aportando toda la claridad en las intenciones sino también calculando con precisión su destino.
Nadie pone en duda que cualquier institución sea perfectible, lo que socava el verdadero consenso democrático es la opacidad de las intenciones y de los fines. Este proceso legislativo debe, por su trascendencia, fomentar y consolidar un foro abierto, incluyente y dialógico, y no solamente espacio anecoico para los que piensen distinto o contradigan lo establecido.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
EEZ
