La crisis política en Venezuela no es nueva. Las disputas entre el régimen chavista y la oposición han sido una constante desde el triunfo en las urnas de Hugo Chávez en 1998. Desde aquel momento, sus opositores trataron de boicotearlo. Llegaron a organizar un golpe de estado en febrero de 2002.
El intento sólo duró dos días porque los partidarios de Chávez salieron a la calle para defenderlo y los golpistas tuvieron que escapar. Hay que recordar que, aplicando la Carta Democrática Interamericana por primera ocasión, por unanimidad los países miembros de la OEA se opusieron a ese intento de golpe, lo que contribuyó a su fracaso.
Sin embargo, fue la última vez que existió unanimidad continental sobre el tema de Venezuela. A partir de entonces, la situación en la tierra de Bolívar ha dividido a los países del hemisferio entre aquellos que apoyan al movimiento chavista y los que se le oponen. Desde esa perspectiva, las reacciones de los países de la región a las elecciones del 28 de julio son el último episodio de una larga cadena de desencuentros por la situación prevaleciente en esa gran nación.
La disputa electoral en Venezuela ha tenido impacto en todo el mundo. Estados Unidos y Canadá rechazaron los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, y decidieron reconocer al candidato opositor, Edmundo González, como presidente legítimo del país. Varios países de la Unión Europea también rechazaron esos resultados, y exigieron a las autoridades electorales que publiquen todas las actas electorales.
Por su parte, China, Irán y Rusia sin dilación felicitaron a Maduro por su supuesto triunfo electoral. De esa forma, la situación en Venezuela ya está en la agenda de la competencia hegemónica entre Estados Unidos y sus adversarios, China y Rusia.
El impacto de este nuevo capítulo de confrontación entre el gobierno y a la oposición venezolana se ha hecho sentir en los organismos regionales. La CELAC está paralizada. Inútil convocar a una reunión de este mecanismo de concertación política latinoamericana, que debería ser el foro natural para tratar el tema, por la abismal división que existe entre sus miembros.
Honduras, que actualmente la preside, junto con Bolivia, Cuba y Nicaragua, los así llamados países bolivarianos, se apuraron a felicitar de inmediato a Maduro por su supuesto triunfo, mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay consideraron que la oposición realmente ganó las elecciones, y exigieron al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas.
Este grupo de países, junto con Estados Unidos y Canadá, convocaron a una reunión especial del Consejo Permanente de la OEA, que resultó en un nuevo fracaso, al no alcanzarse los 18 votos necesarios para aprobar una resolución que exigía a las autoridades venezolanas la presentación de todas las actas electorales.
La principal razón de este fracaso, que hasta ahora no ha sido comentada, fue la reticencia de la mayoría de las islas del Caribe anglófono, a apoyar una resolución de la OEA sobre Venezuela, país que abandonó la organización desde 2017. De los 14 estados miembros del CARICOM, 10 se abstuvieron o se ausentaron de la reunión. Una vez más, la actitud protagónica, fuera de lugar, del secretario general de la OEA, tampoco contribuyó a un buen resultado.
En suma, los órganos regionales, la CELAC y la OEA, están bloqueados como posible foro de diálogo, negociación y conciliación. La ONU podría intervenir solamente si existiera disposición de ambas partes, gobierno y oposición, de llevar sus diferencias al foro universal, lo que no parece ser una opción en este momento.
La única novedad en medio de esta crisis la representa la iniciativa de tres países de indudable peso regional, Brasil, Colombia y México, con gobiernos de izquierda actualmente, que promueven una salida negociada. Hasta ahora, los tres se han negado a reconocer a Maduro, instándolo a transparentar la elección, mediante la publicación de todas las actas, para darle así credibilidad al resultado.
Brasil y Colombia, ambos vecinos de Venezuela, han ido más lejos. Sin ambages, han dicho que Maduro debe aceptar su derrota, si eso es lo que demuestran las actas electorales. Es natural, los gobiernos de Brasil y Colombia, en cuyos territorios ya viven más de 300 mil, y dos y medio millones de venezolanos refugiados, respectivamente, saben muy bien que la profundización de la crisis venezolana significará una nueva ola de cientos de miles de migrantes desesperados huyendo de su país.
La iniciativa de estos tres países, a los que Chile podría sumarse, enfrenta enormes retos y obstáculos, en particular la desconfianza al interior y fuera de Venezuela.
Pero en este momento no existe ninguna otra alternativa diplomática viable. Su esfuerzo merece apoyo porque son países latinoamericanos tratando de responder a una crisis latinoamericana, como lo hizo el Grupo Contadora hace cuatro décadas. Si logran promover el diálogo, la conciliación, y una salida negociada entre las partes, ajustada a estándares democráticos, su iniciativa podría convertirse en la semilla de un nuevo latino americanismo.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY Y DIPLOMÁTICO DE CARRERA
@MIGUELRCABANAS
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