La más reciente intentona de la ministra Norma Piña y su pandilla —pretender quitarle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en el Congreso— ilustra a la Suprema Corte como un órgano político que suele amagar con golpes de Estado técnicos. Si bien la Reforma al Poder Judicial “no es una reforma a la justicia”, “ni solucionada nada”, como ha dicho el ministro en retiro Arturo Zaldívar, sí se enfoca en lo urgente: remover a los actuales integrantes de la Corte, por medio del voto popular, para que no frenen el paquete de reformas que envió AMLO, ni se les ocurra hacerle un lawfare a la próxima presidenta.
La inminente aprobación de lo que el obradorismo llama “la madre de todas las reformas” no sólo ha desquiciado a los opositores o a la infinidad de ministros, magistrados y jueces que ruegan porque la meritocracia, el nepotismo y los pactos políticos continúen como modelo de designación. También los grandes capitales de Estados Unidos y de Canadá se sienten amenazados. Y cómo no: la reforma perjudicará a esos inversionistas que, a fuerza de amparos y complicidades, expolian los recursos naturales de México.
Tanto les dañará que el Departamento de Estado estadounidense ha tenido que entrometerse de manera abierta a la discusión: primero, a través del embajador Ken Salazar, cuestionando el método de elección de jueces y advirtiendo que “es un riesgo para la democracia en México”. Después, por medio del editorial publicado en el Washington Post, cuyo encabezado, “La reforma judicial de AMLO tiene que irse”, parece escrito por un fanático del extractivismo. Graeme C. Clark, el embajador canadiense, tampoco ha ocultado quién le paga y ha alertado que los inversionistas de su país están preocupados.
Lejos de someterse, el presidente pausa la relación con ambos diplomáticos como un gesto simbólico; reclama a sus socios comerciales que respeten la soberanía mexicana y los llama imprudentes e injerencistas; pide a los más ricos que se pronuncien (para exhibir la confabulación de Ricardo Salinas y otros con la Corte); se arriesga a que los empresarios presionen al peso; y apuesta a que la reforma será aprobada apenas se instale la LXVI Legislatura. El AMLO confrontacional de hace años parece asomarse al final de su sexenio.
Los empleados del poder judicial, mientras tanto, se van a paro, marchan, toman el Ángel de la Independencia, mandan una misión a Washington para suplicarle a la CIDH y a la OEA que intervengan, y celebran la solidaridad de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la búsqueda del apoyo popular, el más importante, fracasan y culpan a AMLO de su frustración. Se les olvida que el poder judicial es el que sentencia al pobre y el que culpa a las víctimas, por no mencionar que exonera a feminicidas, que ampara a asesinos y a exfuncionarios corruptos o que condona impuestos a delincuentes de cuello blanco. Su popularidad está en el crimen, no en el pueblo que votó para echarlos.
En el gobierno mexicano saben que el choque político con Estados Unidos, Canadá y el poder judicial se intensificará cuando se presenten reformas a las fiscalías locales, a las policías, a las defensorías públicas, a la solución de controversias, entre otros hoyos negros que no se tocan. Por ahora, la reforma es más política que técnica y será votada. Ayer miércoles, con la ratificación de la mayoría calificada y la integración de dos senadores, el Plan C está a un voto de arrancar.
POR ALEJANDRO ALMAZÁN
COLABORADOR
@ELALEXALMAZAN
PAL
