En la experiencia judicial el cambio que se acuerde con motivo de la reforma judicial debe iniciar para los tribunales y juzgados desde lo local, la experiencia en la reforma penal de años atrás, nos dicta que la justicia local fue quien primero la aterrizó. En este caso los ajustes a la judicatura deben darse gradualmente iniciando en lo local, porque ahí es donde la sociedad puede ser receptora de primera mano de la percepción de un verdadero cambio y puede evaluar de inmediato sus resultados.
El dictamen dado a conocer, tiene aspectos que aún deben mejorarse, como muestra un botón, de conformidad con el primer párrafo del artículo 97 y 116, fracción III, párrafo quinto, las magistraturas federales durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectas de forma consecutiva cada que concluyan su periodo, mientras que para las magistraturas locales, durarán en el ejercicio de su encargo también 9 años y podrán ser reelectos, pero si lo fuere, ya no tienen necesidad de ir a una nueva elección, sino que sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los Estados. Similar condición tiene el artículo 122, fracción IV del dictamen de reforma.
Estas distorsiones y otras que comentaremos más adelante, han dado como consecuencia el paro judicial, es urgente encontrar mecanismos de encuentro de las partes para no perjudicar a los justiciables, los paros judiciales son válidos, pensar lo contrario es autoritarismo puro, pero en la realidad con ello perdemos todos, por eso propongo de manera urgente la instalación de una mesa técnica resolutiva de discusión de la reforma judicial, con representantes con verdadero poder de decisión entre los órganos jurisdiccionales federales y los poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre todo con alguien que sea voz de la Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta mesa, hago énfasis, debe ser de discusión y resolución, no de meras escuchas o planteamientos generales.
Son evidentes los actuales radicalismos que existen en torno al paro judicial, por los diversos actores inmersos en ella, los errores de operación política de ambas partes pasan por un elemental desconocimiento del Poder Judicial Federal, alguien debió advertir que entre Ministras, Ministros, Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, no hay jerarquías, sólo diversas competencias, todas y todos por igual son depositarios del Poder Judicial de la Federación y merecen un trato igual.
De la misma forma debe ser tratada a la base trabajadora judicial que no ha sido considerada con seriedad, donde solo se le ha dado voz al criticado, superado y alejado de sus representados, Secretario General del Sindicato mayoritario, que no logró demostrar su liderazgo en estos momentos.
Esta es mi propuesta.
POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MAAZ
