El 1° de agosto de 2024, la Unión Europea dio un paso histórico con la entrada en vigor de la primera Ley Europea de Inteligencia Artificial (Ley de IA), un hito en la regulación de las tecnologías disruptivas a nivel global. Este innovador marco normativo, cuyo grueso de disposiciones empezará a aplicarse en 2026, establece un riguroso control sobre la inteligencia artificial desarrollada y utilizada dentro de la UE, con el fin de asegurar que sea segura y respete los derechos humanos.
La normativa categoriza los sistemas de IA en diferentes niveles de riesgo. Los sistemas de “riesgo mínimo”, como los chatbots de asistencia, donde las empresas deberán informar claramente a los usuarios sobre la naturaleza artificial de su interacción y podrán optar por adherirse a códigos de conducta adicionales. Los sistemas de "alto riesgo”, como los productos biométricos y de reconocimiento facial deberán cumplir con medidas estrictas de supervisión y ciberseguridad. Por otro lado, las aplicaciones de "riesgo inaceptable", como el reconocimiento de emociones en el entorno laboral, ciertos usos de biometría en espacios públicos, para la manipulación cognitivo-conductual y de puntuación social quedan totalmente prohibidos en Europa.
La normativa también establece sanciones severas para las infracciones, con multas que pueden alcanzar hasta el 7% del volumen de negocios anual global para grandes corporaciones, y hasta 7.5 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas. Además, a partir de 2025, los Estados miembros deberán designar autoridades nacionales para la supervisión, bajo la coordinación de la Oficina de IA de la Comisión Europea, la Junta de IA, un panel científico independiente y un foro consultivo.
La Ley, autorizada por el Parlamento Europeo en marzo y aprobada por el Consejo de la Unión Europea en mayo, definitivamente establece un estándar global para la regulación de esta tecnología disruptiva, con potenciales implicaciones para el mercado internacional.
Entre los aspectos relevantes de esta legislación se encuentra la prohibición del uso de la IA para vigilancia policial predictiva basada en perfiles y sistemas que utilizan datos biométricos para clasificar a las personas según la nacionalidad, orientación sexual o religión. La normativa exige que los agentes públicos y privados, tanto locales como internacionales, cumplan con estas nuevas reglas si operan dentro de la UE. Asimismo, garantiza el derecho de las víctimas a presentar una denuncia ante una autoridad nacional para reclamar una indemnización por los daños sufridos.
En suma, la Ley Europea de Inteligencia Artificial no sólo redefine el panorama regulatorio, sino que podría tener un impacto duradero en el desarrollo y uso de estas tecnologías en todo el mundo.
POR ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INFO CDMX
EEZ
